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Gobierno y Generalitat se dan hasta diciembre para llegar a pactos en la comisión bilateral

El Gobierno prevé que este mes de septiembre se reúna la comisión de traspasos y la de conflictividad centrada en las leyes recurridas

Un momento de la reunión de la Comisión Bilateral.
Un momento de la reunión de la Comisión Bilateral. EL PAÍS

El Gobierno y la Generalitat se han dado de plazo hasta fin de año para cerrar acuerdos en el marco de la comisión bilateral. El órgano formado entre las dos instituciones se reunirá en diciembre, previsiblemente en Madrid, para suscribir los pactos alcanzados en traspasos, asuntos económicos y competencias. Tras más de siete años sin ser convocada, la comisión reflejó la distancia entre los dos Ejecutivos: el Gobierno se acoge a la normalidad institucional y la Generalitat lamenta que rechace el referéndum y tratar la situación de los presos.

El primer cónclave, celebrado durante cuatro horas en Barcelona el 1 de agosto, constató la enorme discrepancia entre ambos Ejecutivos, hasta el punto que hacen lecturas diametralmente opuestas de la sesión. El Gobierno recalca que se ha vuelto a la naturalidad institucional de un órgano estatutario, que en su historial acumula seis reuniones, mientras fuentes del Govern lamentan el rechazo a sondear soluciones sobre el problema de fondo del derecho a la autodeterminación y que, además, no ofreciera ningún gesto en ningún capítulo. “Mal, no. Fue fatal”, resumen esas fuentes con contundencia. “No les hubiera costado nada hacerlo”.

El plan del Gobierno es que este septiembre se reúna la comisión de traspasos y conflictividad, que es la que abordará las leyes sociales recurridas ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de Mariano Rajoy. Esa es su prioridad. La comisión de Asuntos Económicos se convocará antes del 15 de octubre y la de infraestructuras aún no tenía fecha. Las conclusiones de estos grupos serán elevadas a la comisión bilateral. El consejero de Acción Exterior, Ernest Maragall, expresó su decepción por la escasa empatía del Ejecutivo con la situación de los políticos encarcelados o el referéndum, pero avisó de que no desistirán mientras esté en juego “un euro” de los catalanes.

En el debate de la moción de censura, Sánchez mostró su voluntad de rescatar los recursos contra las leyes sociales ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno de Rajoy. Pero esa decisión no será tan automática como se preveía. “No se trata de desistir sin más. Se trata de cambiar los artículos más conflictivos de las leyes”, afirman fuentes próximas al Ejecutivo central. Su posición es que comparten el contenido de esas normas, pero que deben respetar el marco de competencias.

Aragonès tilda la reunión de poco "fructífera"

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, admitió ayer que la comisión bilateral fue “poco fructífera” y lo atribuyó a que la parte estatal no ofreció concreciones en los temas sectoriales ni tampoco en los “problemas de fondo”. En una entrevista a Efe, Aragonès pidió al PSOE que sea “valiente” y supere el miedo al PP si quiere avanzar" y “aportar soluciones a los problemas de fondo entre Cataluña y España”.

El Consejo de Ministros aprobó el viernes retirar el recurso contra la ley vasca de Víctimas de Abusos Policiales después de que el Gobierno de esa comunidad se comprometiera a hacer unos retoques en la norma. Meritxell Batet, ministra de Política Territorial, recordó que esa medida se consumó después de un pacto previo.

La realidad es que el Govern no esperaba grandes acuerdos, pero si un gesto en las leyes y en concreto a la relativa a la pobreza energética y la de emergencia habitacional, cuya activación reclaman la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y entidades sociales. “Ni eso”, lamentó Maragall. Fuentes del Gobierno central alegan que no abordaron ninguna norma en concreto y que lo hicieron en genérico. No es su única divergencia: Batet afirmó tras el cónclave que Sánchez tenía un proyecto para Cataluña pero el consejero asegura que en la reunión no lo llegó ni a mencionar.

Las comisiones se celebrarán coincidiendo en el tiempo con la petición de la fiscalía contra los políticos encausados por rebeldía, desobediencia o malversación. Fuentes próximas al Gobierno señalaron que el desarrollo de la negociación dependerá de si el procés “contamina” la agenda. Entre octubre y noviembre está previsto que Sánchez devuelva la visita del president Quim Torra y viaje a Barcelona. El Ejecutivo central sí que insistió en un tema que cree capital: que Cataluña vuelva a los órganos multilaterales. “Su silla está vacía. No parece lógico que el plan financiero de Cataluña lo voten otras 15 comunidades autónomas y no ella”, afirman fuentes del Gobierno. El Govern tiene muchas reticencias porque cree que los acuerdos llegan ya decididos a las reuniones en las que está en minoría.