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El PSOE respalda la estrategia de Carmena para el sureste de Madrid

Los promotores de los desarrollos alertan que frenar la construcción de 50.000 viviendas "abrirá el camino a importantes indemnizaciones"

Las concejales del PSOE, Purificación Causapié, Mercedes González y Mar Espinar.
Las concejales del PSOE, Purificación Causapié, Mercedes González y Mar Espinar. Carlos Rosillo

El gobierno de Manuela Carmena logró este martes el apoyo en el pleno del grupo municipal socialista en su plan urbanístico para el sureste de la capital. El plan director del Ayuntamiento, suspendido cautelarmente por los jueces por un supuesto incumplimiento del Plan General de Ordenación Urbanística, plantea reducir a la mitad la construcción de nuevas viviendas en cuatro nuevos barrios del sur: de 105.000 pisos a unos 50.000.

El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, defendió el planteamiento del ejecutivo para hacer del desarrollo más "sostenible y racional". El edil atacó al anterior planteamiento de Ana Botella por ignorar en el desarrollo la creación de equipamientos para los barrios.

La socialista Mercedes González aseguró que la reestructuración del plan es "un pacto contra la especulación" de la "derecha". Y argumentó que el nuevo planeamiento representa "una apuesta mejor y que encamina el modelo de ciudad por la senda correcta".

Ciudadanos y el PP hicieron frente común contra la propuesta. Bosco Labrado, edil de Ciudadanos, recriminó al PSOE que haya entrado en "una espiral de modificación normativa", que en su opinión "incumple" la suspensión cautelar del TSJM. Por su parte, la edil del PP Pilar García dijo que el gobierno cometió "una ilegalidad de libro" y calificó de "chapuza" su modelo urbanístico porque para el 2020 "no habrá suelo en la ciudad de Madrid para edificar".

Los promotores del desarrollo, que denunciaron al Consistorio por su decisión, lamentaron este martes "el camino que pretende iniciar el Ayuntamiento". Y recordaron que la paralización del plan "abrirá el camino a importantes indemnizaciones que recaería sobre los contribuyentes". Los promotores cifran en 1.500 millones de euros las posibles indemnizaciones.

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