Miente que algo queda

Estos días he vivido una situación que, más allá de lo desagradable que pueda haber sido para mí y mí entorno más directo, pone de manifiesto hasta qué punto algunos sectores, en este caso, del independentismo han hecho suya la máxima “todo vale”. La sociedad catalana vive inmersa desde hace meses en una vorágine de polarización, de enfrentamiento dialéctico que nunca habíamos experimentado. Algunos líderes independentistas han radicalizado su discurso, lo que no significa hacer un defensa más profunda y constructiva de sus argumentos; más bien todo lo contrario: como la verdad se impone, cada vez es más sencillo el exabrupto, las faltas de respeto, el insulto y la mentira. Al que piensa diferente, al que discrepa desde los argumentos, hay que callarlo.

El domingo vimos unas imágenes de un coche que, sin control, se abalanzaba sobre la plantada de cruces amarillas que ocupan la plaza Major de Vic. Este hecho, censurable, ha provocado una nueva muestra de lo hipérbole en la que viven los procesistas. Sin saber aún qué había pasado realmente, sin saber si había una motivación ideológica, las redes sociales, los medios afines, y los responsables políticos se han lanzado a un persecución del conductor. La alcaldesa de Vic dijo, de entrada, que interpondría una querella por delito de odio, ¡ni más ni menos! Sorprende que ante las reiteradas quejas contra el Estado por hacer interpretaciones excesivamente restrictivas de la libertad de expresión, en sentido amplio, y por una aplicación fácil del Código Penal, la primera reacción haya sido pedir que se aplique todo el peso de la ley sobre el conductor. Es cierto que el coche se abalanzó sobre la plaza, en la que había gente caminando, aunque las únicas damnificadas fueran las cruces amarillas que ocupaban este espacio público. He manifestado en diversas ocasiones como la presencia omnipresente de cruces, lazos, y carteles es un ejercicio abusivo de la libertad de expresión, en tanto que se promueve y ejerce desde las instituciones públicas (que debe recordarse no son titulares de derechos fundamentales). Se trata, más bien, de la apropiación de espacios públicos y comunes por una parte de la sociedad amparada por las instituciones de todos.

Esta hipérbole, como decía, se traslada a tertulias, a diarios y a las redes. En Cataluña hay medios privados, convertidos en referentes informativos, apoyados con grandes contribuciones públicas y absolutamente rendidos a la causa que mienten en sus informaciones, y lo hacen sin rubor alguno. Hacer trampas con datos que son públicos es muy complicado porque una contrastación básica sirve para poder desmontarlas. Pero esto no les impide seguir en su labor paraperiodística, contribuyendo a mantener la burbuja procesista. Además, existen medios online, que con el pretexto de la defensa de la República (sí, aquella que no existió nunca) crean noticias —o sea, las inventan— con el objetivo de emponzoñar el debate y de falsear la realidad. Algunos dirán, también hay medios “españoles” que hacen lo mismo. Sin duda. Y son igual de dañinos. Lo que ocurre es que un movimiento que dice ser democrático, más que cualquiera, que defiende los derechos y libertades fundamentales, no puede pretenderlo solo para los suyos. La estrategia de desprestigiar al disidente o presentar como veraces realidades que no lo son es un ejercicio muy viejo y al orden del día, que practican, por ejemplo, Trump, Orban o Salvini. Si nadie diera credibilidad a estos medios, nada pasaría, morirían de inanición. Sin embargo, algunos líderes intelectuales independentistas los jalea y los utiliza como instrumentos para señalar a los que, ejerciendo nuestra libertad de expresión, intentamos explicar que somos muchos catalanes los que no nos identificamos con ese “poble” excluyente, con aires de superioridad, que mira al resto, propios y extraños, por encima del hombro. La virulencia es creciente porque, ante la falta de argumentos (nadie ha reconocido que Cataluña tenga derecho a la autodeterminación, que en España haya presos políticos, o que España reprima a su ciudadanía), optan por: “miente que algo queda”. La independencia es un proyecto legítimo, amparado por la Constitución; el procesismo es una estrategia política legitimada por ciertas élites políticas que ha quebrado los pactos de convivencia.

La que escribe estas líneas siempre se había sentido orgullosa de ser catalana: una sociedad abierta, mestiza, plural, tolerante y europea. La sociedad que los sectores más rancios del independentismo quieren construir sí o sí no casa con estos valores. Afortunadamente somos muchos de uno y otro espectro ideológico los que hemos reaccionado. Porque ningún proyecto político todo lo vale: el respeto y la convivencia deben preservarse.