Chamartín: aún a tiempo

Estamos en el momento adecuado para detenernos y mirar hacia atrás, recordando los pasos que han llevado a la actual situación de la Operación Chamartín, hoy aletargada pero aún amenazante, agazapada tras unos dudosos convenios, trámites y compromisos, más o menos transparentes.

Recordar los pasos andados, borrar los equivocados, que nos conducen hacia un final ahora llamado Puerta Norte que, sin ambigüedad, me atrevo a calificar, como ya lo he hecho a lo largo de los años, como lesivos para Madrid y, de forma más directa, para los ciudadanos que viven en los barrios de su entorno más inmediato. Unos, ya antiguos, olvidados, abandonados y en situación precaria, en muchos casos. Situación precaria tanto desde el punto de vista habitacional como dotacional. Otros, más nuevos, casi recién estrenados, sin acabar, sin los servicios que deberían acompañar a las nuevas viviendas, oficinas y negocios, es decir, a los nuevos vecinos. Barrios todos ellos que requieren una conexión física y social más intensa, salvando las barreras físicas y funcionales hoy existentes.

Lesivo, equivocado, dañino para un futuro Madrid más eficaz y equitativo. Lesivo, porque acentúa la histórica desigualdad entre el norte y el sur y detrae recursos, públicos y privados, necesarios para una nueva “recuperación de Madrid” para sus ciudadanos. Todo ello incompatible con la entrega de un trozo importante de la ciudad y de su entorno metropolitano a un grupo inversor, que no promotor, para un gran negocio especulativo, monopolizado por DCN durante unos veinte años, por mucho que nuestro Ayuntamiento intente, en un esfuerzo loable de racionalizar este despropósito, escalonar y escalar el ritmo de su desarrollo.

Hay muchas razones, expuestas por colectivos ciudadanos de todo tipo, por las asociaciones vecinales, por los ecologistas, por los profesionales del urbanismo, en su más amplio sentido, que han denunciado, sin éxito, a lo largo de estos últimos años las “maldades” de este desarrollo inmobiliario, que no urbanístico, tan alabado por los empresarios e incluso por las administraciones en él implicadas, cantando su modernidad y envergadura en el ámbito europeo. Todo propaganda mercantil, poco razonamiento y cultura urbanística.

Denuncias que esperaban una respuesta esperanzadora por parte del nuevo ayuntamiento. Esperanzas fallidas.

Ahora, con un nuevo gobierno de izquierdas, y aprovechando este mes de agosto, propicio para la reflexión, me sumo a la petición de la Plataforma Zona Norte Chamartín para que no se renueve el convenio de ADIF-DCN.

Un gobierno socialista no puede permitir que el suelo público se entregue a un grupo privado inversor-inmobiliario para su exclusivo beneficio, basado en una práctica claramente especulativa. No puede permitir y menos formar parte de esta importantísima operación que puede convertirse en el símbolo de cuál pueda ser una política urbanística de izquierdas.

¡¡¡Suelo público para responder a las necesidades y esperanzas de la ciudadanía y no como mercancía!!!

Eduardo Mangada es arquitecto y exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento y exconsejero de Ordenación del Territorio