Oriol Pujol asume que cobró mordidas y evita ser juzgado con el ‘caso de las ITV’

El exdiputado y dirigente de CDC Oriol Pujol ha aceptado hoy una condena de dos años y medio de cárcel por el cobro de comisiones ilegales de empresarios afines del sector de las ITV, en un pacto al que se han sumado los otros cinco imputados en el caso, lo que le evitará a los miembros de la trama ser juzgado por un tribunal popular.

El acuerdo, que se ha firmado hoy en la sede de la Fiscalía y deberá ser rubricado ante la presidenta del jurado, incluye una condena de dos años de cárcel para el empresario Sergi Alsina, amigo íntimo de Oriol Pujol, y penas de cárcel sustituibles por una multa de 83.210 euros para Anna Vidal, esposa del antiguo responsable convergente.

Pujol ratifica así el acuerdo alcanzado hace un año con la Fiscalía y que había quedado en suspenso porque otros implicados no se habían sumado al pacto con el ministerio público, lo que abocaba a toda la trama a ir a juicio. El acuerdo, rubricado en julio de 2017, llegó tras un año de negociaciones para tratar de reducir las penas por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental en la reorganización del sector de las ITV en Cataluña y la deslocalización de las multinacionales japonesas Sony, Sharp y Yamaha. La fiscalía había solicitado inicialmente una pena de cinco años para Oriol Pujol. 

Evitar la entrada en la cárcel de Anna Vidal ha sido una de las claves del caso y explica por qué el hijo del expresidente catalán ha aceptado una pena que puede llevarle a ingresar en prisión por un caso que supuso el fin de su carrera política. Según demostraron las investigaciones, fue precisamente a través de supuestos trabajos de consultoría de su esposa cómo Pujol cobró desde la empresa Alta Partners las comisiones ilegales.

Las acusaciones contra Oriol Pujol se centraban en dos casos principales. El primero, por tráfico de influencias, tiene que ver con las maniobras y gestiones hechas por el exdiputado para beneficiar a empresarios amigos con la adjudicación de estaciones de ITV. Según los fiscales Teresa Duerto y Fernando Maldonado, Pujol “aprovechó” su doble condición de presidente del grupo parlamentario de CiU en el Parlament y secretario general de Convergència para colocar en el Departamento de Industria a un hombre de su absoluta confianza, Josep Tous, quien favoreció a los elegidos por Pujol. Por ello, Sergi Alsina “retribuyó mensualmente” a Pujol con 2.360 euros mensuales, una parte del dinero que Alta Partners recibía de un empresario de las ITV “a cambio de sus influencias políticas".

Si la reordenación del sector marcó el inicio de las investigaciones, estas dieron pronto un salto al segundo gracias a las escuchas telefónicas. Estas evidenciaron una maraña de favores políticos y comisiones ilegales —Pujol llegó a cobrar otros 700.000 euros— en los procesos de deslocalización de Sony, Sharp y Yamaha.

El exdiputado se “coordinó” con su amigo Alsina, de modo que éste logró ser contratado para hacer de intermediario en la operación de Sony. Cobró 3,2 millones de euros. Una mecánica que se repitió en el caso de Yamaha, otra multinacional que abandonó Cataluña en 2012. Por el “éxito” de la operación, Alsina cobró otros 4,2 millones. No lo habría logrado, cree el fiscal, sin la “intervención directa” de Pujol.