El juicio por la manipulación del censo de Cabanes se aplaza tras 11 años de espera
Queda sin fecha la sesión para esclarecer la presunta adulteración del padrón local antes de las elecciones municipales de 2007
Once años después de denunciarse el caso, con un único acusado en el banquillo y 14 testigos, entre ellos varios de quienes en su día estuvieron imputados. Era la estampa con la que iba a arrancar este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 1 de Castellón el juicio oral para esclarecer la presunta manipulación de los censos en la localidad castellonense de Cabanes antes de las elecciones municipales de 2007. Pero la sesión ha sido aplazada sin nueva fecha, ha informado Compromís en un comunicado, debido a que no ha podido ser notificado uno de los testigos citados a declarar.
Las partes han pedido suspender la sesión y el juez “lo ha aceptado”, han señalado las mismas fuentes. Con ello la causa suma otro retraso a un periodo de espera de 11 años. Fue el entonces concejal de Iniciativa en Cabanes, Carles Mulet, actual portavoz de Compromís en el Senado y edil y teniente de alcalde en la localidad, gobernada por Units pel Poble-Compromís y el PSPV, quien destapó y denunció la presunta trama de empadronamientos irregulares en 2007.
Interpuso la querella “después de que el entonces alcalde del Partido Popular, Artemio Siurana, tres sobrinos suyos y dos dirigentes del PP local empadronaran “justamente antes de las elecciones municipales, y en domicilios y almacenes de su propiedad, a decenas de vecinos de la Vall d'Uixó”, a 60 kilómetros de distancia, explican desde Compromís. Todos ellos estaban “relacionados con el yerno del empresario Jesús Ger”, propietario del complejo Marina d’Or en Oropesa, “con grandes intereses urbanísticos en el municipio”. “Que el PP ganara aseguraba proyectos como el PAI Marina d’Or Golf o Torre la Sal, a los que éramos muy contrarios en la oposición” y “temían un vuelco electoral” que los pusiera en jaque, explica a EL PAÍS Carles Mulet.
La investigación que siguió a la denuncia reveló que hubo vecinos de la Vall d'Uixó que alegaron no haber autorizado dichas altas en el censo y que las firmas por las cuales habían sido inscritos como residentes en Cabanes estaban falsificadas. El único acusado en el juicio que iba a celebrarse mañana es el vecino de la Vall d'Uixó Pascual Adsuara, procesado por falsificar algunas firmas para inscribir a vecinos de la población en el padrón de Cabanes, que hace 11 años contaba con 2.500 habitantes.
En otros casos, personas que no habían residido en el municipio “ni un solo día” o que “no habían visto ni la casa donde se empadronaron” acudieron a votar en las municipales, recuerda Carles Mulet. “Hubo de todo, gente que se inscribió en el censo a sabiendas”, y otras personas que alegaron en sus declaraciones relatos con tintes rocambolescos, como recuerda el senador. “Hay quien dijo que se empadronó en Cabanes porque estaba pasando una mala racha con su pareja y necesitaba un cambio de aires, y acabó censándose en un almacén con siete personas más, entre ellas su pareja”.
Este miércoles Mulet iba a declarar como testigo. Era uno de los catorce citados en una sesión que 11 años después y tras varios archivos preveía materializarse, aunque en unas circunstancias “bastante tristes”, reconoce. “Los responsables últimos, tanto a nivel político como por intereses económicos en la zona, no se van a sentar como acusados, a pesar de que estuvieron imputados en su día. Vemos que la ley es bastante laxa a la hora de permitir este tipo de empadronamientos”. Un total de 42, todos de vecinos y vecinas de la Vall d’Uixó (Castellón), “a excepción de unos familiares del alcalde, que vivían en Oropesa”, recuerda Mulet.
Iban a testificar también el exalcalde de Cabanes Artemio Siurana y siete vecinos de la Vall d'Uixó empadronados en el mismo almacén, “y la mayoría de los cuales votó en las municipales de 2007 a pesar de no haber vivido ni una hora en el municipio, entre ellos el yerno de Jesús Ger”. Se unían un apoderado de la mesa electoral de la Ribera de Cabanes en las municipales de 2007, el delegado del Instituto Nacional de Estadística (INE) en Castellón, dos guardias civiles y un funcionario del ayuntamiento.
Desde la denuncia, el proceso ha sufrido “todo tipo de vicisitudes”, señalan desde Compromís. El ayuntamiento gobernado por el PP en 2007 se personó en el caso y trató de “dinamitar toda la instrucción, oponiéndose a que se avanzara en las pruebas pedidas por la acusación y pidiendo la archivo del caso porque no quería investigar absolutamente nada”, denuncian desde Compromís.
En 2014 la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón revocaba el sobreseimiento del caso tras estimar el recurso de apelación interpuesto por el edil de Compromís de la localidad, Carles Mulet y ordenaba continuar con la causa. Hasta hoy, cuando la sesión se ha quedado, temporalmente, sin fecha. “La causa se ha ido archivando sistemáticamente. Hemos presentado recursos en todas las instancias…” apostilla el senador.
Trabas encadenadas. La última, este martes y a menos de veinticuatro horas de su arranque. Poco antes de conocerse el aplazamiento, Mulet indicaba que las expectativas de cara a un juicio oral que se ha resistido once años son pocas. “Que no se juzgue el presunto delito electoral y toda la trama da mucha impotencia. Ya no se puede reparar el daño, y no se ha sido lo ejemplarizante que se debería ser. Hace falta una legislación más seria, con más garantías para las municipales, y más en localidades pequeñas, donde este tipo de tramas pueden arrebatar la voluntad del pueblo”. En 2007 los presuntos empadronamientos irregulares no restaron la mayoría al PP, “pero 42 votos podrían haber sido suficientes para decantar la alcaldía”.
