Valencia reúne a los mayores especialistas jurídicos en competencia del ‘big data’

Evitar que el conocimiento en forma de algoritmos y datos masivos queden en manos de unas pocas grandes corporaciones tecnológicas constituye uno de los grandes desafíos globales para la economía y los derechos de los consumidores. Cómo los gigantes digitales utilizan la información aportada en cada clic de los usuarios para ganar posiciones y cómo reaccionan las autoridades públicas para frenar los abusos de poder de las grandes plataformas han protagonizado las jornadas de un congreso europeo en materia del derecho de la competencia, celebrado esta semana en la Universitat de València.

Estas jornadas son las primeras que se celebran en España con perspectiva internacional. “Los mayores especialistas no están en España, sino fuera. Hay una necesidad de atraer talento y esta ha sido una oportunidad de reunirlos y de poner en el mapa a Valencia. Se trata de crear una red internacional. Lo hemos centrado desde la competencia porque será uno de los elementos más cruciales, y hemos visto que no solo estamos preocupados en España, sino que es una preocupación que atañe a todos en un mundo tan globalizado”, explica Carmen Rodilla, investigadora y doctora en Derecho mercantil por la UV y codirectora de estas conferencias que han contado con el apoyo de la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Economía y Competitividad.

Más información

Análisis | Uber, Deliveroo y Amazon retan a las conquistas sociales del siglo XX

Editorial | Mercado de datos y miedo digital

Una de las cuestiones analizadas intenta responder a si las autoridades están preparadas o han llegado tarde a la transición tecnológica. “Es un tema controvertido. Hay muchas autoridades en Europa de distintos tipos, pero las autoridades de competencia de base nacional y local todavía van a tardar en incorporar las necesidades de la innovación, pero tarde o temprano se tendrá que hacer, no se puede estar siempre hablando del sector lechero, tenemos que modernizar nuestras instituciones porque los tiempos cambian”, advierte Rodilla.

“El encuentro nos permite estar al día de las novedades en investigación en otros países. Esta comunión de reflexiones sobre problemas que se suscitan o que se prevén que se pueden suscitar es imprescindible para que las decisiones a nivel local sean eficientes y favorezcan el bienestar de la sociedad”, manifiesta Pilar Canedo, ponente del congreso en calidad de consejera de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Deusto, para quien el mercado del big data constituye una oportunidad para la sociedad y las autoridades de competencia: “Supone una extraordinaria capacidad de mejora para la sociedad al recibir mejores servicios, y hay que atenderlo con la cautela necesaria para evitar las externalidades negativas y fomentar las positivas”, añade.

La intervención de Canedo se centró en definir quién debe liderar los desafíos del cambio tecnológico. “No tiene que haber un único líder, porque no hay un único cambio, sino un extraordinario abanico de diferentes cambios tecnológicos que afectan a distintas cuestiones para las que es necesario identificar la intervención de distintos tipos de actores de forma que las decisiones a adoptar se hagan caso por caso. Si hay conflictos de intereses, tiene que intervenir el Estado para resolver un fallo de mercado y favorecer a los individuos. Si no lo hay, tiene que haber autorregulación de las empresas, la sociedad civil debe reclamar sus propios derechos y los tribunales deben resolver cuestiones concretas. Ante los desequilibrios, el Estado está para proteger a los más débiles, y en esos casos debe intervenir, y la libertad de los ciudadanos de elegir lo que más les conviene también de debe ser protegida”, señala esta experta en competencia.

Más conocimiento 

La necesidad de colaboración entre juristas, tecnólogos y economistas para atajar los retos en materia de regulación a cargo de las autoridades constituye una de las líneas defendidas por Michal S. Gal, catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad de Haifa (Israel) y presidenta de la Sociedad Académica Internacional de Derecho de la Competencia (ASCOLA), una de las mayores expertas en el escenario internacional.

“Es importante entender las condiciones económicas y tecnológicas antes de regular. Los legisladores y académicos tienen que trabajar con los tecnólogos y con los economistas para definir los desafíos específicos de este mercado. Las autoridades británicas y americanas empiezan a incluir los tecnólogos y científicos de datos en sus equipos. No se puede regular sin tener el conocimiento. La respuesta hasta ahora ha sido la de no intervenir, pero ese enfoque es del todo erróneo. De haber tenido más conocimientos, las autoridades hubieran prohibido fusiones como la de Facebook y WhatsApp. Conocer el alcance de la combinación de los datos es muy importante cuando los daños pueden ser significantes para la economía”, subraya Gal, quien defiende el equilibrio entre el trabajo de la recolección, análisis y acceso de datos y la creación de competencia sin dañar la innovación.

En el lado de los consumidores, Gal destaca la llamada paradoja de la privacidad. “La gente dice que le preocupa el uso que se haga de sus datos, pero la mayoría no hace nada, no tiene tiempo para detenerse a leer las condiciones cuando dan su consentimiento para acceder a determinados servicios. Los gobiernos deben equilibrar los sesgos de la información y de la recopilación de datos. El Reglamento General de Datos (RGPD) va en esta dirección, más lejos que todos los países en el mundo. Hay que pensar más en qué puede hacer la regulación, porque los consumidores no lo van a hacer. Debe asegurarse la entrada de nuevos operadores en el mercado para que los consumidores tengan más opciones, algo que se va viendo en situaciones como el multi-homing, la posibilidad de que los clientes usen diversas plataformas con servicios. La competencia es una solución muy importante, y las autoridades de competencia tienen un papel clave que desempeñar”, indica esta especialista de prestigio mundial.

Otra de las expertas con reconocimiento internacional en el estudio jurídico de los efectos del big data y la inteligencia artificial es Sofia Ranchordás, presidenta de Derecho Público Europeo y Rosalind Franklin Fellow de la Universidad de Groningen (Países Bajos), cuya conferencia, centrada en la gobernanza, clausuró el congreso. “Un punto muy importante y que todavía necesita de más análisis es la regulación en la ciudades inteligentes. Madrid y Barcelona utilizan muchas tecnologías para la movilidad, por ejemplo, pero los usuarios desconocen cómo se están tratando sus datos ni cómo afecta a su posición. Esa información es relevante para las relaciones entre los ciudadanos y los gobiernos. Hay cuestiones negativas sobre la dificultad de los ciudadanos en recurrir a los tribunales cuando se produce un abuso de sus derechos”, resalta esta profesora de derecho público.

Un de los retos para Ranchordás reside en la formación multidisplinar de los juristas. “Las autoridades públicas contratan empresas privadas para recolectar los datos porque no tienen formación ni las habilidades de decidir, y al delegar esa tarea afecta a las ciudades de forma indirecta: no se sabe cómo se gestionan los datos por empresas privadas. La Comisión Europea está dando pasos en educación. En Estados Unidos, un modelo muy interesante está en Nueva York, donde existe un comité para analizar la transparencia de la tecnología, para que no solo dependa de las empresas. Sin una educación que incluya conocimientos para entender la complejidad tecnológica no se podrá atender a los desequilibrios”, concluye.