Anticorrupción apunta a Puigdemont por malversación de fondos públicos

La Fiscalía Anticorrupción investiga si el Ayuntamiento de Girona destinó ilegalmente en 2014 fondos procedentes del canon pagado por la empresa adjudicataria del servicio de aguas, Agissa, a la compra del fondo de arte Santos Torroella. La colección está formada por una treintena de obras de Joan Miró, Salvador Dalí, Antoni Tapies y Picasso, entre otros artistas y fondos documentales. Los hechos investigados se remontan al mandato del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la alcaldía de Girona.

El caso forma parte de una investigación más amplia que afecta a la renovación del contrato de aguas, aprobada en 2013 por Puigdemont, y en la que se investiga el supuesto desvío de 15 millones de euros. La concesionaria es una empresa mixta en la que los Ayuntamientos de Girona, Salt y Sarrià de Ter cuentan con el 20% del capital y el resto es de un socio privado que, según las investigaciones, obtuvo beneficios millonarios indebidamente. En una operación iniciada esta mañana, agentes de la Guardia Civil han acudido a los tres Consistorios para recabar documentación. Los agentes han abandonado las dependencias municipales sobre la una de la tarde.

Anticorrupción ha informado en una nota que, tras "las entradas y registros practicados el pasado 19 de septiembre", en una primera fase de las investigaciones, ha tenido acceso a "documentación de la que se infiere la posible comisión de los delitos de malversación, apropiación indebida, prevaricación y falsedad en documento mercantil por parte de los que fueran responsables políticos" de los tres ayuntamientos. Además de Puigdemont, los otros dos alcaldes con participación en Agissa eran el actual presidente del Parlament, Roger Torrent, en sarrià de Ter; y el expresidente de la Diputación de Girona, Jaume Torramadé, en Salt.

Los investigadores han puesto el foco en la forma en la que se pagó el fondo Santos Torroella, una polémica operación que ya en 2014 causó una profunda división en el Ayuntamiento de Girona. Los partidos de la oposición se negaron a que la compra, de 3,9 millones de euros, se financiara con dinero procedente del canon del agua y, además, cuestionaron la operación por su elevado coste.

Puigdemont aseguró entonces que la operación iba a costar mucho menos para las arcas municipales, 2,3 millones de euros, y que en ningún caso iba a financiarse con el canon del agua. Pese a la fractura del pleno a partes iguales, el entonces alcalde logró sacar adelante la iniciativa gracias a su voto de calidad. Según Puigdemont, la Diputación de Girona iba a subvencionar la operación con 300.000 euros y el Consistorio iba a ahorrarse otros 800.000 euros gracias a un acuerdo con la Generalitat sobre el impuesto de sucesiones de los herederos del crítico de arte. Entonces no se aclaró cómo iban a financiarse los 500.000 euros restantes.

Los datos conocidos ahora, sin embargo, desmienten los datos ofrecidos entonces por Puigdemont y el Ayuntamiento de Girona ha asumido íntegramente el coste de la compra. Por ahora, ya ha abonado 3,4 millones de euros y tiene previsto hacer un último pago de 500.000 euros en 2019, hasta un total de 3,9 millones. Por ahora, el Consistorio no ha recibido los fondos previstos ni de la Diputación ni de la Generalitat.

Además, el primer millón de euros abonado en 2014 pudo haberse pagado con el canon del agua, según investiga Anticorrupción. Ese ejercicio, el Ayuntamiento tenía presupuestado un millón de euros para obras de saneamiento. Pero entonces recibió un millón de euros del canon y financió las obras con ese dinero. El millón liberado fue el que sirvió para comprar el fondo. La actual alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, niega que esto signifique que se pagara el fondo de arte con el canon.

En su nota, Anticorrupción afirma que "la investigación persigue determinar el origen del dinero con el que se adquirió el fondo [de arte] Santos Torroella y, en su caso, el posible uso de fondos públicos que estarían relacionados bien con el canon acordado en 2013" en la prórroga del contrato de aguas, "bien con partidas presupuestarias del ejercicio 2014, al menos, en el Ayuntamiento de Girona".

El caso nace en 2015, a raíz de una denuncia de la CUP contra la concesionaria que abastecía de agua a Girona, Salt y Sarrià de Ter. La investigación apuntó entonces que la sociedad, que empezó a trabajar con el Ayuntamiento de Girona a finales de los años 90, cuando gobernaba el socialista Joaquim Nadal en la ciudad, ha falseado las cuentas. Un sistema que continuó supuestamente también durante parte de la etapa de Puigdemont al frente del consistorio (2011-2016), que renovó la concesión.

La CUP ha denunciado hoy que el fondo de arte continúa sigue guardado en un almacén.