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Vecinos y comerciantes, contra el ‘top manta’

PDeCAT, Cs, PSC y PP de Barcelona apoyan a entidades contra la venta ilegal

Un grupo de manteros se pasea por la zona del monumento a Colon ante la mirada de la policía portuaria.
Un grupo de manteros se pasea por la zona del monumento a Colon ante la mirada de la policía portuaria.

Una treintena de entidades vecinales y comerciales —entre las que se encuentran el Gremio de Restauración de Barcelona, Amics de la Rambla o el Aquarium— registraron ayer una denuncia conjunta en el Ayuntamiento exigiendo una actuación “urgente” contra el fenómeno del top manta.
Fermín Villar, el portavoz de la bautizada Plataforma de Afectados por el Top Manta, anunció los motivos de la queja: “Denunciamos una actividad ilegal pero no a las personas que ejercen esta actividad. No se puede tolerar la explotación de personas pero tampoco una actividad que genera sobreocupación y saturación de determinados espacios y vías públicas”. Villar remarcó que los últimos dos años la situación ha “empeorado por culpa de la pasividad y permisividad del consistorio” y culpó al equipo de Colau de provocar un “efecto llamada”.

Los afectados consideran insuficiente la respuesta del equipo de gobierno de Ada Colau a la que acusan de inactividad y de llevar al comercio a una situación “asfixiante e insostenible”. “Exigimos que se adopten de forma urgente las medidas pertinentes para que se paren y cesen estas actividades de venta”, indicó el portavoz que advirtió de que los comerciantes y vecinos se sienten “menospreciados, desamparados, desatendidos y desprotegidos”.

Representantes del PDeCAT, Cs, el PSC y el PP en el Ayuntamiento de Barcelona apoyan la plataforma. La alcaldable del PDeCAT, Neus Munté, denunció: “Es poco progresista permitir que en Barcelona haya miseria”. Merilén Barceló de Ciudadanos destacó que la gestión de Colau es “ineficaz” y exigió más medidas sociales destinadas a los manteros. La socialista Montserrat Ballarín pidió control del espacio público y exigió al gobierno que apoye a los comerciantes y a la Guardia Urbana. El popular Javier Mulleras ha culpado al gobierno de convertir la ciudad en un gran zoco de venta ilegal.

Por su parte, desde el equipo de gobierno sostienen que los diferentes cuerpos policiales están coordinados para evitar la ocupación masiva del espacio público y recordó que en 2017 se realizaron más de 64.000 denuncias por venta ambulante sin autorización.