Anticorrupción solicita para Echávarri y dos de sus asesores diez años de inhabilitación

El caso Comercio, uno de los dos procesos por presunta prevaricación que provocaron la dimisión del exalcalde socialista de Alicante Gabriel Echávarri, ya está en la Audiencia Provincial. La juez que instruye las diligencias, María Luisa Carrascosa, acaba de remitirlas a esa institución para que una de sus salas penales, la que por turno corresponda, fije la fecha del juicio, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. Junto a Echávarri, y como supuestos cooperadores necesarios del mismo delito, se sentarán en el banquillo de los acusados dos de sus asesores, Eduardo Díez y Pedro de Gea.

La Fiscalía Anticorrupción pide inicialmente para los tres diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. El PP, en cambio, eleva su petición para el antiguo primer edil hasta los 12 años y siete meses de inhabilitación, pero la rebaja en el caso de los dos asesores a los siete años. Todos ellos están acusados de fraccionar contratos en la Concejalía de Comercio, que dirigía el propio Echávarri, por unos 144.000 euros. Se trata de facturas relacionadas con la organización de la Gala del Comercio de 2016, la campaña de ventas navideñas de ese año y la colocación de carteles en mercados municipales.

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Además de este caso, el exalcalde socialista está procesado por prevaricación en otra causa, la relativa al despido de una funcionaria interina del ayuntamiento, Catalina Rodríguez, que era cuñada del entonces portavoz municipal del PP y ahora alcalde, Luis Barcala. Echávarri hizo oficial su dimisión el pasado 9 de abril. Once días después, el PP, con Barcala al frente, recuperó el gobierno municipal, tras la investidura fallida de la concejal socialista Eva Montesinos y gracias al voto en blanco de una tránsfuga de Podemos, Nerea Belmonte.

El ‘caso Comercio’ fue denunciado en julio del año pasado por el propio grupo municipal popular y por el de Ciudadanos. Tras una instrucción meteórica, la magistrada Carrascosa determinó que había indicios para sentar a los tres denunciados en el banquillo de los acusados por fraccionar contratos para eludir el necesario concurso público.

Los expedientes –inicialmente 25, por un importe conjunto de 190.000 euros,- fueron anulados en su día por el propio alcalde ante los reparos expresados por un técnico y el interventor municipal y motivaron la constitución de una comisión de investigación en la que el dirigente socialista acabó reprobado.

La titular del Juzgado de Instrucción 9 de Alicante cree que la actuación de Echávarri, Díez y De Gea fue “arbitraria” y produjo un “resultado materialmente injusto”, pues benefició a profesionales elegidos “por propia voluntad, con perjuicio de los principios de publicidad y libre concurrencia”.

La Fiscalía Anticorrupción y el PP apuntan en sus respectivas conclusiones en la misma dirección y solicitan las correspondientes penas de inhabilitación para los acusados. La juez les abrió juicio oral el pasado 24 de abril. Ahora, tras recibir los escritos de los abogados defensores –todos reclaman la absolución-, ha remitido el caso a la Audiencia Provincial para la celebración de la vista.

Mientras tanto, Echávarri sigue a la espera del resultado del recurso de apelación que presentó su abogado contra su otro procesamiento, el del despido de la cuñada de Barcala, por el que se enfrenta a otra petición de la Fiscalía de diez años de inhabilitación.