El presidente del TSJ catalán opta a una plaza en la sala del Supremo que juzgará el ‘procés’

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, ha presentado candidatura para optar a una plaza de magistrado en la sala penal del Tribunal Supremo (TS), que será la encargada de juzgar a los líderes independentistas del procés. Barrientos, que aún tiene por delante un mandato de dos años y medio en el TSJC, es el único magistrado catalán que ha optado a una de las tres vacantes del Supremo.

Barrientos pertenece a la asociación moderada Francisco de Vitoria y será candidato a una de las tres plazas, convocadas para cubrir las vacantes generadas por la muerte del exfiscal general del Estado José Manuel Maza, por el nombramiento de Cándido Conde-Pumpido como magistrado del Tribunal Constitucional y por el de Julián Sánchez Melgar como fiscal general. Las plazas corresponden con la especialización en el orden penal, un tipo de formación que ahora solo acreditan 33 magistrados en toda España. La gran mayoría de ellos (28) han presentado solicitud para ir al Supremo.

La sala penal del Supremo resuelve los recursos de apelación contra los autos que está dictando el juez Pablo Llarena en la causa abierta por rebelión contra los líderes independentistas encarcelados y huidos por organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre y declarar la independencia. Los magistrados de esa sala serán, también, quienes juzguen el caso. Como presidente del TSJC, Barrientos ya formó parte de la sala que juzgó al expresidente de la Generalitat Artur Mas por otra consulta, la del 9 de noviembre de 2014, que tuvo un carácter simbólico. Fue ponente de la sentencia que le condenó a una pena de inhabilitación.

De origen leonés, Barrientos ha desarrollado casi toda su carrera como juez en Cataluña. Asumió el cargo en enero de 2016 apostando por evitar la judicialización de la política y por una reforma de la Constitución para resolver el conflicto. La intensificación del desafío soberanista, sin embargo, le llevó a cerrar filas —retiró temporalmente a los Mossos la vigilancia del Palacio de Justicia— y a alabar el “éxito del 155” para abortar futuros “intentos unilaterales de ruptura de la convivencia”.