O Mulo se desmarca del alijo por el que se enfrenta a una pena de 24 años

Rafael Bugallo, O Mulo, de 61 años, uno de los mayores transportistas de droga desde la década de los años noventa en la ría de Arousa, declaró este lunes en el juicio como presunto dirigente de una operación de más de 1.200 kilos de cocaína, apresado en enero de 2015 a bordo del buque Coral 1, por el que se enfrenta a su tercera condena de 24 años de prisión.

El histórico lanchero solo respondió a las preguntas de su abogado en un corto interrogatorio en el que se desmarcó de la operación. El acusado, que se encuentra en la cárcel desde entonces, de la que no salió al haber sido condenado el pasado año a ocho años, declaró que “no tenía ni idea” de que por aquellos días hubiese un barco en alta mar con droga y que, además, él no tenía infraestructura ni medios para ir a buscarla.

Rafael Bugallo solo admitió que había prestado a los acusados un aparato para comunicarse por radio porque le dijeron que había un barco a la deriva. “Lo hice por solidaridad”, declaró O Mulo a las preguntas de su abogado, Francisco Miranda. Para dar credibilidad a su declaración ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra, el piloto de planeadoras dijo que en las dos ocasiones anteriores en las que fue detenido confesó los hechos y “ahora también lo haría si hubiese algo”, aseguró.

El juicio arrancó este lunes tras alcanzar la fiscalía acuerdos de conformidad con diez de los 17 acusados, que han reconocido su participación en este transporte de cocaína para lograr a cambio una rebaja de sus condenas. Entre ellos se encuentran los nueve tripulantes del barco y un colombiano que formaba parte del grupo de proveedores de la droga. Bugallo y el resto de los acusados rechazaron el acuerdo del fiscal.

En la primera sesión del juicio las defensas solicitaron al tribunal la nulidad del auto del juzgado de Cambados por el que se autorizó a la policía la colocación de un micrófono en una furgoneta en la que se reunían Bugallo, en calidad de jefe de la organización, y sus hombres en los días previos a la operación para coordinar el desembarco de la droga. Así los agentes lograron interceptar el barco antes de que los gallegos pudiesen alijar la droga en alta mar. Sin embargo, el tribunal ha decidido que se pronunciará sobre la propuesta de nulidad en la sentencia.

Francisco Miranda cree que esta sonorización del vehículo vulnera el secreto de las comunicaciones porque en 2015 no eran legales al haber sido invalidadas en sentencias del Tribunal Constitucional hasta que se modificó la Ley de Enjuiciamiento Criminal para regular estos elementos de escuchas. “Consideramos que esto anula todo el procedimiento porque en esta sonorización ilegal se basa toda la información que obtuvo la policía para llevar a cabo el abordaje del barco”, subrayó el letrado.