Justicia lenta, condenas mínimas

Más de medio centenar de presos se amotinaron en la cárcel barcelonesa de Quatre Camins en mayo de 2002. Ahora, el caso ha llegado a juicio. Y se ha saldado con penas mínimas de cárcel -que han quedado suspendidas- y, en otros casos, con absoluciones porque los delitos han prescrito. La lentitud de la justicia también ha obligado a sentarse en el banquillo a antiguos presos que han rehecho sus vidas. "No podemos olvidar que nos hemos reunido aquí hoy para juzgar hechos ocurridos hace 16 años", ha detallado este lunes el juez, tras asumir una importante rebaja de la pena que ha sido posible, entre otras cosas, por las "dilaciones indebidas" del proceso penal.

En 2007, o sea cinco años después de que ocurrieran los hechos, la fiscalía ya había presentado sus conclusiones y el caso estaba listo para llegar a juicio. El ministerio público solicitaba cinco años de cárcel para 56 presos (para dos de ellos elevaba la petición hasta los diez años) que habían protagonizado un motín en Quatre Camins. Desde entonces, sin embargo, ha pasado más de una década sin que se vislumbrara el final.

Los presos iniciaron una huelga de "brazos caídos" en protesta por que el trabajo que realizaban en el centro penitenciario no les servía ni para obtener beneficios penitenciarios ni ingresos. Al grito de "¡a la guerra!", los presos de los módulos 1 y 2 arremetieron con "palos, piedras y hierros" que encontraron a su paso contra los funcionarios de prisiones que trataban de contenerlos y, después, contra los agentes de los Mossos d'Esquadra que acudieron a sofocar la revuelta. Un juez de Granollers abrió una investigación sobre los hechos que quedó concluida en 2007 pero que, sin embargo, aún tardó otros 11 años en llegar a juicio. ¿Por qué? Problemas con las notificaciones, recursos de los abogados y otras circunstancias que muestran cómo la maquinaria judicial es, en ocasiones, lenta y pesada.

En 16 años pasan muchas cosas. Entre otras, que la gente se muere: de los 56 presos inicalmente acusados, solo se ha juzgado a 47. Un total de 16 internos han admitido haber participado en el motín y han pactado con la Fiscalía una pena mínima de un año de cárcel, que se eleva en el caso concreto de uno de los internos a 15 meses. La rebaja ha sido posible por las "dilaciones indebidas" del proceso. La fiscalía ha admitido que, durante dos largos periodos de tiempo (de 2007 a 2011 y de 2013 a 2016) no hubo actividad alguna en la causa. La pena, además, ha quedado suspendida: si los internos no vuelven a delinquir en dos años (algunos de ellos están en prisión por otros delitos), no tendrán que entrar en la cárcel.

A otros 23 reos no les ha hecho falta siquiera ese reconocimiento de culpa. La fiscalía ha admitido que, en su caso, los delitos han prescrito; en algún caso, incluso, la absolución ha sido flagrante porque al amotinado ni siquiera se le tomó declaración en todo el proceso.