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La juez rechaza la querella de Cifuentes contra Granados por injurias y calumnias

La expresidenta madrileña denunció al exconsejero por vincularla con la caja b del PP y airear su supuesta relación sentimental con Ignacio González

Cristina Cifuentes en la Convención Nacional del PP.
Cristina Cifuentes en la Convención Nacional del PP.

La juez María Isabel Durántez ha rechazado la querella por injurias, calumnias y trato degradante que interpuso la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes contra el exconsejero y cabecilla del caso Púnica, Francisco Granados, por vincularla con la caja b del PP madrileño y decir que tenía “poder decisorio” sobre ella por una supuesta relación sentimental con Ignacio González, su antecesor en la presidencia autonómica. Granados realizó estas manifestaciones en la Audiencia Nacional ante el juez instructor del caso Púnica, Manuel García-Castellón y luego lo reiteró ante los medios a las puertas de la sede judicial.

En una resolución conocida este viernes, la magistrada considera que los comentarios de Granados “no pueden valorarse como una acción de descalificación, humillación, envilecimiento de la entidad o gravedad exigida por la doctrina y la jurisprudencia” para atender el delito de trato degradante, que reclamaba Cifuentes.

Respecto a las injurias, la juez entiende que Granados “se limitó a relatar y repetir” en la calle ante los medios “lo que había declarado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional”. Y recuerda que el Supremo establece que “no se puede considerar calumnia cuando el acusado da a conocer unos hechos a una institución oficial competente para su investigación”.

La magistrada considera que las declaraciones de Granados están especialmente amparadas por la libertad de expresión frente a derecho al honor de Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid el 12 de febrero pasado, cuando el cabecilla de la Púnica realizó sus declaraciones. “Cuando se trata de personas públicas, que ejercen funciones públicas o resultan implicadas en asuntos de relevancia pública -obligadas por ello a soportar un cierto riesgo de que sus derechos subjetivos de la personalidad resulten afectados por opiniones o informaciones de interés general-, ha de estimarse que priman las libertades de expresión e información, pues así lo requiere el pluralismo político, para no correr el riesgo de hacer del Derecho penal un factor de disuasión del ejercicio de la libertad de expresión”, afirma la juez.

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