El Constitucional advierte a la Mesa del Parlament que no se puede investir a Puigdemont

El Tribunal Constitucional ha recordado este viernes a los miembros de la Mesa del Parlament que no pueden investir a Carles Puigdemont de manera telemática. Un funcionario de la administración de justicia ha visitado hoy la Cámara catalana para trasladarse a los diputados el auto en el que el Alto Tribunal acepta el recurso presentado por el Gobierno el pasado enero contra la candidatura del expresidente. Puigdemont está en Alemania a la espera de que se decida su extradición por un delito de malversación de fondos.

El portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha explicado en rueda de prensa que uno de sus presentantes en la Mesa, el secretario tercero Joan García, ya ha recibido la notificación del auto. Fuentes de presidencia del Parlament han explicado que lo mismo ha ocurrido con Torrent, si bien éste no ha estado hoy en la Cámara.

En la comunicación se les recuerda a los miembros del órgano rector del Parlament que su deber es impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir las decisiones judiciales del tribunal. El Constitucional admitió ayer a trámite la impugnación del Ejecutivo de Mariano Rajoy contra la candidatura de Puigdemont y la convocatoria del debate de investidura, que se tenía que celebrar el 31 de enero.

El portavoz adjunto de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, ha descartado forzar a la Mesa a que desobedezca con tal de investir a Puigdemont, informa EFE. Pujol ha censurado las "amenazas" del Estado, que cree que "no llevan a ninguna parte" y ha admitido que su grupo deberá analizar a fondo las repercusiones de la comunicación del TC.

La decisión del Gobierno fue polémica porque el dictamen del Consejo de Estado fue negativo y pese a ello el Ejecutivo decidió continuar con el recurso. El Alto Tribunal aplazó el pasado 28 de enero la aceptación a trámite del escrito y mientras tanto dictó unas medidas cautelares que fijaban que si Puigdemont quería se rinvestido tenía que acudir al Parlament, pero previa autorización del juez Pablo Llarena.