La exgerente alega razones médicas y aplaza su declaración por el accidente de metro

La exgerente de Metrovalencia, Marisa Gracia, citada este lunes como investigada por el accidente de metro de julio de 2006, en el que murieron 43 viajeros, se ha acogido a su derecho a no declarar por cuestiones de salud. Su paso por el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha sido fugaz; apenas cinco minutos. A la salida, su abogada ha asegurado que la exgerente solicitará comparecer en unas semanas.

Era la primera vez que Marisa Gracia, responsable máxima de la compañía de transporte pública cuando sucedió la tragedia, comparecía ante el juzgado que investiga el caso para prestar declaración sobre el descarrilamiento del 3 de julio de 2006. Además de Gracia hay otras siete personas investigadas.

Los otros cuatro investigados citados por la instructora Nieves Molina -Juan José Gimeno Barberá, Manuel Sansano, Sebastián Argente, y Luis Miguel Domingo-, han respondido solo a las preguntas de su abogado y han insistido en que ellos no tenían responsabilidades sobre el control de la seguridad, función que recaía en todo caso en Dionisio García, director de Recursos Humanos y Riesgos Laborales de FGV.

Según fuentes jurídicas, la novedad es que los testimonios de los cuatro investigados apuntan al propio García -contra el que ya no cabe procedimiento alguno porque el delito ha prescrito- y a los también investigados Salvador Orts, antiguo jefe de Estudios y Proyectos y responsable del sistema de frenado de la línea, y a Francisco García Sigüenza, director técnico.

En las declaraciones de hoy se ha puesto de relieve que "nadie" ha citado a declarar a García a pesar de que "las Cortes Valencianas lo incluye en la lista de responsables". Y, sin embargo, a Gimeno, Sansano, Argente y Domingo, por debajo jerárquicamente de García y de Orts en la compañía, les echan la culpa de la falta de prevención de riesgos laborales en la empresa ferroviaria, ha subrayado el letrado.

En ese sentido, la defensa de los cuatro investigados ha hecho hincapié en que, a pesar de que se está cuestionando si se había formado correctamente al conductor, nadie le ha preguntado al que lo formó, a quién lo examinó o al responsable de la formación.

La juez instructora no ha hecho preguntas a los investigados y las acusaciones -abogados de las víctimas del accidente- y la Fiscalía no han podido intervenir al negarse los citados a responderles. La magistrada ha dado de plazo hasta el 6 de abril para que las defensas soliciten nuevas diligencias, si las precisasen.

Las mismas fuentes entienden que, superadas esas diligencias, la fase de instrucción tocará a su fin tras los numerosos giros que ha dado el procedimiento, con hasta tres sobreseimientos ordenados por la instructora y otras tantas reaperturas dictadas por la Audiencia Provincial tras los recursos de las víctimas o de la Fiscalía.