Cinco agentes que cargaron contra votantes el 1-O declaran que su actuación fue proporcional
Un juzgado interroga los guardias civiles tras las denuncias de 50 vecinos de Sant Carles de la Ràpita
Cinco agentes de la Guardia Civil que el pasado 1 de octubre participaron en las cargas policiales que se produjeron en Sant Carles de la Ràpita (Montsià) durante el referéndum independentista han prestado declaración este miércoles ante el juzgado de Amposta en calidad de investigados. Los agentes no han comparecido físicamente en el juzgado, sino que han declarado a través de videoconferencia. A las puertas del edificio varios vecinos han protagonizado una reducida concentración de repulsa a la actuación policial. Los declarantes, denunciados por más de 50 de vecinos, han alegado que actuaron bajo criterios de "proporcionalidad" para hacer frente a la "resistencia activa" planteada por los ciudadanos.
Los guardias civiles solo han respondido a las preguntas de su defensa y a las aclaraciones que ha pedido la juez. Los guardias fueron identificados a través de su tarjeta de identidad profesional (TIP) —el número que normalmente lucen en la espalda del uniforme— por algunos de los votantes que el 1 de octubre trataron de participar en el referéndum y que denunciaron las cargas ante los tribunales. En calidad de miembros de las unidades de orden público, los agentes han dicho que aquel día trataron de "proteger" a sus compañeros de la policía judicial, que intentaban hacer cumplir la orden judicial de parar el referéndum.
Medio centenar de vecinos de Sant Carles de la Ràpita que presentó denuncia por daños físicos y morales derivados del operativo policial. Sus abogados aseguran que los cinco guardias que han declarado este miércoles son solo una primera avanzadilla de otros muchos que están por venir. En Sant Carles de la Ràpita, municipio natal de Lluís Salvadó, el que fue mano derecha de Oriol Junqueras en la consejería de Economía, el operativo policial estuvo integrado por un centenar de guardias. Los abogados de los vecinos prevén que el número de citaciones e imputaciones crecerá. Quieren, además, dirimir las responsabilidades de los superiores jerárquicos del cuerpo y aclarar quién dio las órdenes de cargar contra los vecinos.
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