Puigdemont y ERC pugnan por el reparto de 500 cargos

Las complicadas negociaciones entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana para formar gobierno en Cataluña no acaban con el nombre del candidato a presidente o la continuidad del proceso independentista. El tira y afloja entre los dos partidos también se está viendo muy condicionado por el reparto de las áreas de poder y, singularmente, de los cargos de confianza entre ambos partidos en el futuro Govern. La distribución de carteras afectará a unas 500 personas, entre altos cargos, trabajadores eventuales y directivos del sector público.

De ese cerca de medio millar de personas, unas 260 continúan en su puesto y 240 fueron destituidas en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El pacto entre los dos socios independentistas está pendiente de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desencalle o no la investidura de Jordi Sànchez, abortada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, y que la militancia de la CUP lo valide el próximo sábado en su consejo político.

El acuerdo del futuro Ejecutivo comportará también nombrar o ratificar al personal de confianza de los diferentes consejeros así como el que dirige las empresas del sector público, que engloba desde la dirección de hospitales hasta los servicios ferroviarios. Según el departamento de Gobernación de la Generalitat, controlado ahora por el Gobierno central, la Administración autonómica cuenta actualmente con 137 altos cargos y personal eventual y 125 directivos con responsabilidad de gestión en empresas públicas —algunos asumen varias funciones por acumulación no retribuidas— según la última actualización realizada este mes de marzo. Este colectivo de 260 personas ha mantenido su puesto de trabajo pese a la intervención de la autonomía. A esa suma, hay que añadir las 240 personas destituidas, según la página servidors.cat. En este colectivo figuran desde periodistas de los servicios de comunicación a la treintena de trabajadores de las delegaciones en el extranjero.

Miembros de Junts per Catalunya apuntan que no habrá grandes cambios respecto a la pasada legislatura cuando el Govern lo comandaba Junts pel Sí, una coalición entonces formada por el PDeCAT (la antigua Convergència) y Esquerra. En algunos casos concretos, el recelo mutuo provocó la duplicidad de cargos. Cada partido quería controlar desde dentro lo que hacía el otro. Ahora, el acuerdo generará en principio que cada formación asuma la gestión de su propio departamento. Y queda la duda de si algún independiente de Junts per Catalunya accederá a una cartera. La presión es grande, especialmente entre los cuadros del PDeCAT, que temen quedarse descolgados y sin puesto por el mayor peso de la formación de Oriol Junqueras.

El reparto entre departamentos, en cuanto a número, estará equilibrado entre las dos formaciones. Esquerra ganará peso porque, como mínimo, asumirá la mayor parte de los Presupuestos ahora prorrogados y que en 2017 ascendieron a 24.442 millones de euros. Los republicanos tendrán el control casi absoluto del gasto social, ya que dirigirán los departamentos de Salud y Educación.

Del acuerdo final dependerá también el control de las subvenciones de la Generalitat, básicas para mantener el relato de cada uno de los socios y para visualizar sus áreas de poder. Cada departamento decide las suyas y el sistema es opaco, de manera que es complicado, incluso, saber a cuánto ascienden.