Arranca la huelga indefinida en los juzgados gallegos con unos 700 juicios suspendidos

La lenta maquinaria de la justicia afronta en Galicia a partir de este miércoles un conflicto que puede llevarla a la parálisis. Unos 2.500 funcionarios judiciales que dependen de la Xunta están llamados desde hoy a secundar una huelga indefinida para exigir al Gobierno de Alberto Núñez Feijóo que les devuelva el sueldo perdido y aumente el personal después de cinco años de recortes. Tras otras jornadas de protesta anteriores que ya auguraron un intenso malestar en la plantilla, la Xunta ha reconocido que el seguimiento de este primer día de plante sin final a la vista ha sido "importante", según informa Europa Press.

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Los sindicatos calculan que se han suspendido miles de trámites judiciales y unos 700 juicios, entre ellos el de la excaldesa de Betanzos por el PP María Faraldo por prevaricación y tráfico de influencias que estaba previsto en la Audiencia Provincial de A Coruña. Las siete centrales convocantes (CSIF, SPJ-USO, AXG-CUT, UGT, STAJ, CIG y CC OO) cifran el seguimiento entre el 90% y el 95%, mientras que el Gobierno gallego lo sitúa en un 71% sumando las ausencias justificadas y los servicios mínimos.

Los trabajadores llamados a la huelga son todos los funcionarios de los juzgados que cobran parte de su sueldo de la Xunta, es decir, aquellos que no son ni jueces, ni fiscales, ni letrados. Estos empleados públicos reclaman al Gobierno gallego, entre otras cosas, que les suba el salario un 16% para recuperar parte del dinero perdido por los recortes que les fueron aplicados entre 2013 y 2016. En este tiempo, explican desde AXG-CUT, Galicia ha sido la única comunidad que redujo las retribuciones autonómicas de este colectivo. Los sindicatos afirman que, sumando estos cuatro años, el tijeretazo osciló entre los 10.000 y los 3.500 euros por trabajador, sin contar la falta de actualización de los sueldos desde 2010. "Pedimos un 16% y ellos nos robaron un 20%, somos malos negociadores", ironiza Pablo Valeiras, de AXG-CUT. 

Con la huelga recién comenzada, el presidente de la Xunta ha asegurado en el Parlamento gallego que si aceptase las demandas de los trabajadores judiciales tendría que extenderlas a "todo el personal de la Xunta", lo que supondría, dice, un incremento en las retribuciones de 600 millones de euros. "¿Usted me propone en serio que incremente el capítulo de gastos de personal en 600 millones de euros?", se ha revuelto el presidente gallego este miércoles durante la sesión de control al ser preguntado sobre la huelga por el portavoz de En Marea, Luís Villares.

En los juzgados de A Coruña, la ciudad que acoge el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, ensordecedoras bocinas resonaban este mediodía en el gran recibidor tomado por una muchedumbre de funcionarios en huelga. “¿Que dice Feijóo que no tienen dinero para subirnos el sueldo? Pues que lo saque de ese 7% que él y sus conselleiros sí se han subido”, responde una de las huelguistas sobre las palabras en el Parlamento del presidente de la Xunta, en alusión al incremento de retribuciones que se aprobó a sí mismo el Gobierno de Feijóo esgrimiendo la llegada de la recuperación económica.

Los funcionarios, que se han concentrado a las puertas de los juzgados de toda Galicia, están también enfadados con los servicios mínimos decretados por la Xunta. “Los juzgados de familia se paran en julio y agosto sin problemas por falta de sustituciones y no salen ni los mandamientos de pago para gente que lo necesita. Hoy, en cambio, hay tres funcionarios haciendo juicios porque dicen que son ‘urgentes”, se queja una trabajadora de A Coruña. “Y en el juzgado de vigilancia penitenciaria uno de los tres que están por servicios mínimos llegó hace dos días para ocupar una plaza que llevaba sin nadie ¡un año!”, apunta una compañera con indignación.

Entre las demandas de los sindicatos está también la recuperación de 106 puestos que el Gobierno gallego ha suprimido en estos años. Los trabajadores inciden en que Galicia lleva más de una década sin ofertar “ni una sola plaza nueva” en los juzgados pese al incremento de expedientes y tareas. "La Xunta no quiere negociar, lo que quiere es tumbarnos porque tiene miedo a que se extiendan nuestras reclamaciones", concluye Valeiras.