Los vecinos piden que los camiones abandonen ya la N-340

La carretera N-340 vuelve a teñirse de negro. Cuatro muertos en dos accidentes de tráfico sucedidos en un intervalo de menos de doce horas han reavivado el debate sobre la necesidad de implementar medidas que reduzcan la peligrosidad que entraña esta vía, muy saturada debido al elevado volumen de tráfico que registra. Una circunstancia que se ve agravada por el hecho que hasta un tercio de los vehículos que circulan por ella son camiones. Supuestamente, desde el 1 de enero no debería circular ningún camión por los tramos tarraconenses de la N-340, pero la restricción, largamente pedida por alcaldes y vecinos y finalmente pactada por Ministerio de Fomento y la Generalitat, se mantiene congelada.

En el municipio de L'Arboç (Alt Penedès) ayer se convocó una concentración en recuerdo de las últimas víctimas que se cobró la N-340. El pueblo, partido por dos por esta carretera, ha sufrido la pérdida de tres de sus vecinos. Fue el domingo por la tarde, en Coma-ruga, cuando un camión que había derrapado arrolló el vehículo en el que viajaban dos mujeres y un hombre. Todos murieron en el acto. El mismo domingo por la mañana, en L'Aldea (Baix Ebre), un hombre que caminaba por la N-340 fue atropellado mortalmente. Desde Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) hasta Peñíscola (Castellón), los vecinos de la zona conocen bien los riesgos que entraña esta carretera.

Durante las pasadas Navidades, una pareja murió y sus dos hijos resultaron heridos al chocar el coche en el que viajaban contra un camión en la N-340 a su paso por Vinaròs. En 2015, tras un sucesión de trágicos accidentes que elevaron a 15 el número de víctimas mortales en menos de un año, se intensificaron los movimientos de protesta para lograr una reducción de la siniestralidad. En las Terres de l'Ebre, varias asociaciones de vecinos realizaron más de 150 cortes de carretera.

Más al norte, se constituyó lo que se bautizó como Pacto de Berà, un alianza de los alcaldes del área comprendida entre Tarragona y Vilafranca para galvanizar las protestas. El Ministerio de Fomento y el Departamento de Territorio de la Generalitat anunciaron el pasado verano que a partir del 1 de enero del 2018 el tramo tarraconense de la N-340 quedaría libre de camiones y estos se desviarían por la autopista.

Sin embargo, la implementación de la medida no llega. El secretario de Movilidad y Transportes de la Generalitat, Ricard Font, ha pedido “celeridad” al Gobierno para aplicar el desvío obligatorio de camiones por la AP-7 desde Alcanar (Montsià) hasta Vilafranca del Penedès. La Generalitat alega que no tiene competencias para aplicar la restricción de tráfico a los camiones porque la AP-7 es de titularidad estatal y es Fomento quien debe fijar qué bonificaciones concede a los camiones en el pago de los peajes de la autopista. El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, se limitó a anunciar ayer que el desvío de camiones se pondrá en práctica "lo antes posible".