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La juez halla indicios de 11 delitos en la reforma de la plaza de San Fernando

La actuación urbanística acumula una deuda de 94 millones y se encuentra en liquidación

El juzgado de Primera Instancia número 1 de Coslada ve indicios de 11 delitos en la actuación del exalcalde de San Fernando de Henares Julio Setién (IU), miembros de su equipo de gobierno y varios socios de la sociedad Woodman, entre otros, en las obras de remodelación de la plaza de España de la localidad. La sociedad semipública, que se creó para llevar a cabo las obras, acumula una deuda de 94 millones de euros y está en liquidación. La magistrada señala que procede abrir un procedimiento abreviado, tras haber detectado la posible existencia de doble contabilidad, vaciamiento de la sociedad y engaño a los propietarios.

El auto es una consecuencia más de las gestiones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de San Fernando para remodelar la plaza de España y su entorno (declarado Bien de Interés Cultural). En ellas fueron embarcados los propietarios de las viviendas del lugar, a los que se les aseguró que les serían devueltas en 2011 reformadas. Algo que todavía no ha ocurrido, porque se encuentran embargadas.

Para emprender la actuación urbanística, el Ayuntamiento (gobernado entonces por IU) creó en 2008 una sociedad mixta llamada Plaza de España de San Fernando (PESF), de la que eran accionistas los propietarios de los inmuebles a reformar (51%) y el municipio (49%).

Los vecinos aportaron a PESF sus viviendas, y el Ayuntamiento aportó la plaza del pueblo y su subsuelo, a pesar de que son bienes públicos con los que no está permitido comerciar, lo que ha provocado múltiples problemas. La gestión se contrató con la empresa Woodman. Posteriormente Plaza de España San Fernando quebró y ahora se encuentra en liquidación.

En este contexto, la juez que abrió un procedimiento de diligencias previas tras recibir una querella de la empresa Ortiz Construcciones y Proyectos, ha detectado de forma “indiciaria e inicialmente” actuaciones presuntamente delictivas. Estas podrían ser constitutivas de administración desleal, insolvencia punible, apropiación indebida, estafa, falsificación en documento mercantil, delito contable continuado, apropiación indebida, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, delito contra la hacienda pública y otro societario. A la denuncia de la constructora se sumó otra de la Asociación Cívico Cultural el Molino de San Fernando.

El auto especifica que puede haberse producido una “despatrimonialización de la mercantil (PESF)” que la condujo a una situación de concurso de acreedores en beneficio de sus administradores y en detrimento de los propietarios de la sociedad y de los acreedores que llevaron a cabo las obras y no han cobrado. El dinero procedería del patrimonio de PESF y se habría dirigido a la sociedad interpuesta Woodman y a otras relacionadas con ella o sus administradores.

Al mismo tiempo, la juez ha detectado indicios de que los querellados habrían llevado una doble contabilidad, que se habría concretado en distintos contratos de obra “en mayor o menor medida simulados con ruedas de pagarés, que eran descontados de forma que quedaban fuera de la contabilidad oficial”. De esta forma, las cuentas cerradas de PESF no reflejaban “en absoluto las operaciones reales, ni los importes de los pagarés comprometidos”, puntualiza el auto.

El auto también destaca la junta universal de la sociedad celebrada el 19 de junio de 2012, donde se acordó entregar los 370 inmuebles afectados por la remodelación a sus propietarios. En la reunión se ocultó que todos los bienes inmuebles estaban embargados. El auto redunda en que no se advirtió a los socios asistentes de que “seis días antes se había solicitado al juzgado de lo mercantil el concurso voluntario de acreedores por insolvencia de la sociedad”.

El auto también expone que la empresa contaba como “únicos recursos circulantes” distintos préstamos hipotecarios de Caja Madrid, “gran parte de cuyo montante se destinó a fines diferentes de aquellos para los que se constituyeron [pagar las obras acordadas], burlándose los controles administrativos y políticos”.

El exalcalde, Julio Setién, culpa a las constructoras

Juan Manuel López Rubio, abogado del exalcalde Julio Setién, mantiene que su defendido no ha cometido ninguno de los delitos que se le atribuyen de forma indiciaria. No existe insolvencia punible, puntualiza, porque el retraso en la finalización de las obras y la retención de estas por las constructoras querellantes, impidió devolver los bienes a los propietarios y liberar los créditos correspondientes, por lo que crearon “una situación catastrófica de tesorería”. Setien “no se apropió personalmente de ningún bien, por lo que no puede haber apropiación indebida, y no se ha lucrado en absoluto de la operación, por lo que no puede existir estafa. También indica que todos los gastos fueron auditados sin que se detectara ningún problema.

La juez ha detectado, sin embargo, indicios de la existencia de delitos. Por este motivo, mantiene en el auto (que se puede recurrir) que procede continuar con un procedimiento abreviado. El Ministerio Fiscal y las acusaciones cuentan con diez días para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.