Los vigilantes de Metro de Seguridad Canaria serán subrogados tras cuatro meses sin cobrar
El sindicato UIT pide a las empresas un anticipo del salario para que los trabajadores puedan afrontar una situación "insostenible"
Los 560 vigilantes bajo Seguridad Integral Canaria (SIC), que llevan de tres a cuatro meses sin percibir su salario, serán reubicados el próximo el 1 de febrero en tres de las cuatro empresas subcontradas que se repartirán, durante los próximos cuatro años, la seguridad de Metro Madrid (Segurisa, Trablisa, Ilunion). Desde la Unión Independiente de Trabajadores (UIT), el principal sindicato que aúna a los vigilantes de SIC, ha mantenido conversaciones con las empresas para que los trabajadores puedan recibir un anticipo de su salario y aliviar una situación "insostenible" para muchas familias, según ha afirmado su presidente, Manuel Ruiz Álvarez.
Según el convenio colectivo estatal de empresas de seguridad 2017-2020, las empresas tienen la obligación de dar un anticipo a aquellos trabajadores que lo soliciten. Dicho anticipo no puede superar el 90% del salario mensual, pero la cantidad percibida debe ser sobre lo ya trabajado. Esto supondría, por ejemplo, cobrar entre 400 y 500 euros a mediados de febrero (el sueldo medio de un vigilante oscila entre los 800 y 900 euros).
En Ilunion (al cargo de las líneas 10 y 12), la sección sindical de UGT ha llegado a un acuerdo con la empresa, aparte del convenio colectivo, para que los trabajadores reubicados desde SIC puedan solicitar un anticipo de 1.200 euros a partir del 13 de febrero, cantidad que que devolverán a partir de marzo en seis meses descontando una determinada cantidad a cada mensualidad. La solicitud y trámite de dicho anticipo estará al cargo de la propia sección sindical. "Nos parece un gran acuerdo, pero no tiene ningún sentido que UGT gestione los anticipos de los trabajadores como si fuera el secretario de la empresa", señala Ruiz, "es algo que sindicalmente no he visto en mi vida". Trablisa (líneas 1, 3, 4, 6, 11 y Metro Ligero) y Segurisa (líneas 2, 5 y 8) han rechazado la posibilidad de que vaya a llegarse un acuerdo semejante.
Muchos trabajadores de SIC se han sentido "traicionados" por Metro Madrid, como el caso de Daniel Galán, una de las caras más visibles en las protestas de los vigilantes de seguridad y que se mantuvo 16 días en huelga de hambre (del 11 al 27 de diciembre) como protesta por los impagos. Asegura que el propio consejero delegado de Metro, Borja Carabante, se dirigió a él y le aseguró que intentarían hacer la subrrogación una semana antes de lo previsto, para que así pudieran cobrar antes. Desde la empresa pública aseguran que su compromiso se limitaba a la firma de la nueva plica, que se llevará acabo el 23 de enero y que en un principio iba a hacerse el primero de febrero.
Por otro lado, la consejería de Transportes se aseguró que emplearían el aval de SIC, que asciende a 2 millones de euros, para paliar la situación económica de los vigilantes de seguridad. Desde Metro Madrid afirman que esa cantidad se encuentra en estos momentos retenida, y que su equipo jurídico está estudiando cómo van a usarlo, dado que no se puede dar directamente a los trabajadores.
Los vigilantes de SIC llevaban en huelga indefinida desde el 10 de noviembre, pero al tratarse la vigilancia suburbana un servicio esencial, los servicios mínimos deben alcanzar en torno al 90%. Desde la UIT se aseguró que entre el 70% y el 80% de la plantilla no estaba presente porque se dieron de baja médica y sus puestos no fueron cubiertos por la empresa, que lleva desde 2015 replegando sus actividades hacia Canarias. Los directivos de la empresa aseguraron que con condiciones laborales y económicas actuales no podían mantener sus actividades en la península.
Seguridad Integral Canaria, en concurso de acreedores
Seguridad Integral Canaria presentó el 22 de diciembre de 2017 un concurso de acreedores para "poder afrontar el pago de los salarios de sus trabajadores de la manera más inmediata posible". Lo anunció en un comunicado el empresario y también presidente de la UD Las Palmas, Miguel Angel Ramírez, que achacó los problemas de la empresa a "la crisis económica reflejada en contratos de las administraciones públicas con presupuestos a la baja", y en "la crisis particular del sector de la seguridad privada que ha supuesto la liquidación de decenas de empresas".
En dicho comunicado, Ramírez lamentó "los perjuicios que esta situación ha causado sobre todo a los trabajadores" y quiso "pedir perdón públicamente". Por otro lado, dijo lamentar que "la intransigencia de algunos sindicatos haya provocado el bloqueo de nuestras cuentas al exigir el abono inmediato de los atrasos, lo que imposibilitó "cumplir con los pagos a la Seguridad Social y Hacienda", que también ejecutaron un bloqueo bancario.
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