Cifuentes paga 4,9 millones por una sentencia de la M-45

La Comunidad de Madrid continúa abonando las sentencias que ha perdido frente a las concesionarias de la M-45, y que se suman a los 2.000 millones que se calcula va a costar su construcción por el método de peaje a la sombra (pago de un canon por coche). A los fallos judiciales por expropiaciones que sobrepasaron el valor previsto (quedan por liquidar 47,4 millones de los 200 que se adeudaban), se añaden otros en los que se condena al Gobierno a pagar a los contratistas por vehículos por los que no se abonó la cuota. En diciembre se autorizó un pago de 4,9 millones por ese concepto.

En el pliego de condiciones del concurso que se convocó para construir la M-45 se establecía una cláusula en la que se determinaba el canon que la Comunidad debía abonar por coche hasta un número máximo; una vez alcanzado el cupo, los siguientes vehículos tendrían coste cero para los madrileños. Las concesionarias —la M-45 está dividida en tres tramos— acataron la directriz, con un pero: consideraron que el exceso de coches que se producía algunos años (por los que no recibían nada) se podía trasladar a otros periodos en los que no se alcanzaba el tráfico máximo estipulado. Así perciben el canon correspondiente, que de otra forma habrían perdido.

La Comunidad les abonará la cuota fijada de 84 millones anuales durante 25 años (hasta 2027 o 2032, dependiendo del tramo), aunque los usuarios no lo detecten porque no hay casetas ni tiques. La infraestructura, inaugurada en 2002 y que costó a las constructoras 510 millones, es una de las más concurridas de la región, con un flujo de 100.000 vehículos diarios.

El Gobierno regional argumentó que los contratistas no tenían razón porque el límite máximo anual a percibir no contenía “previsión alguna de compensación para supuestos como el reclamado en el que no se alcance el máximo anual”, dice una sentencia de 5 de junio de 2015, que dio la razón a la Sociedad Concesiones de Madrid, SA. Es decir, que según el Gobierno regional, el sobrante de tráfico que exista no se puede acumular en los años en los que no se alcance el tope máximo. El TSJM mantiene en el mismo fallo, sin embargo, que tanto el pliego de cláusulas administrativas del concurso como el órgano de contratación establece que “esos límites máximos son acumulativos”, dando la razón a los demandantes.

Mala redacción

El Gobierno regional recurrió en casación la sentencia, sin conseguir ganarla. Así, autorizó en el último Consejo de Gobierno de diciembre el pago de 4,9 millones de euros para hacer frente a esa sentencia. La diputada de Ciudadanos Victoria Alonso opina que los problemas que han surgido con esa cláusula del contrato se deben a “una mala redacción que ha permitido que fuera interpretada por los tribunales en favor de la concesionaria, y ahora estamos pagando a tarifa normal coches que tenían prevista tarifa cero”.

La parlamentaria añade que otro de los problemas son los altos intereses que se abonan, “en torno al 10%”. “No es lógico que se deje transcurrir tanto tiempo para pagar, porque los intereses corren y están en torno al 10%, muy por encima del interés del mercado”. De esta forma, la sentencia de 5 de junio de 2015, cuyo pago se autorizó hace unos días, se ha encarecido en 600.000 euros.

Un portavoz de comunicación de la Consejería de Transportes explica que se plantean todos los recursos posibles ante los tribunales, porque la obligación de la Comunidad de Madrid es defender los intereses de los madrileños y agotar todas las vías posibles.