El Gobierno debe 200 millones por sentencias de la M-45
Las empresas denunciaron a la Comunidad de Madrid por el coste de las expropiaciones para construir la autovía
La autovía M-45 se ha convertido en un lastre económico para la región. Los madrileños deben 200 millones de euros en sentencias relacionadas con las expropiaciones que realizaron las concesionarias para construir la carretera (inaugurada en 2002) y que superaron el precio previsto. Las empresas comenzaron a reclamar al Ejecutivo regional en 2011 pero, al no obtener solución, denunciaron en los tribunales. A esa cifra se suman los 620 millones desembolsados por el peaje a la sombra.
La M-45, una de las autovías más concurridas, con un flujo de más de 100.000 vehículos diarios, vertebra el este con el oeste de la región. Sería una infraestructura exitosa si no fuera por el sistema escogido para su construcción y gestión, en época de Alberto Ruiz-Gallardón, conocido como peaje a la sombra. Consiste en que las constructoras pagan la infraestructura y la Comunidad de Madrid les abona durante 25 años un canon en función del número de coches que transitan por ella. Los usuarios no lo detectan porque no hay casetas ni tiques, pero están pagando una tasa por su uso.
A las diferentes empresas adjudicatarias la obra les costó 487 millones de euros y la Comunidad ya ha abonado 620 millones por el tránsito de vehículos. En 2015, el Gobierno regional pagó por ese concepto 83 millones (32,9 por el tramo I; 34,4 por el tramo II y 15,9 por el tramo III). Un desembolso que continuará hasta el fin de la concesión de la carretera (de 2027 a 2032, dependiendo del tramo de la vía). La M-45 se inauguró en marzo de 2002.
Como añadido a tal sangría, año tras año le van cayendo al Gobierno regional sentencias desfavorables debidas a las expropiaciones a las que tuvieron que hacer frente las empresas para construir la infraestructura. El coste de las adquisiciones de los terrenos por donde discurre la M-45 no podía superar el 7% de la inversión por obra ejecutada. En caso contrario, como así ha ocurrido debido a los justiprecios e intereses de demora que se han abonado a los antiguos dueños de las fincas, se deberían haber negociado fórmulas menos lesivas para las arcas públicas.
Demandas
Las adjudicatarias de la infraestructura realizaron diferentes peticiones durante el Gobierno de Esperanza Aguirre, sobre todo en los años 2010 y 2011. Solicitaban que se equilibrara el aumento del coste que les había provocado el pago de las parcelas. Sus requerimientos no fueron atendidos por la Administración y tampoco se negoció un plan de pagos, por lo que presentaron demandas judiciales.
En 2012, los tribunales empezaron a condenar a la Comunidad al pago del sobrecoste. Y el Ejecutivo decidió recurrir los fallos, en un intento de evitar la sangría de millones extra a las que tenía que enfrentarse.
La carretera se divide en tres tramos. El primero (entre la A-2 y el eje de O'Donnell) fue adjudicado a la empresa Concesiones de Madrid, SA; el segundo (entre el eje de O’Donnell y la A-4) le correspondió a Autopista Trados-45, SA; mientras que el tercero, que une la A-4 y la A-5, recayó en Euroglosa 45 Concesionaria de la Comunidad de Madrid, SA. Todas ellas se han dirigido a los tribunales para zanjar cuentas con la Administración
Hace dos años, en junio de 2014, llegó el primer varapalo referente al tramo I. La Comunidad recurrió en casación, pero en abril de este año se ratificó la sentencia, sin que exista posibilidad de apelación. La cuantía del desequilibrio económico y financiero de la concesión se fijó en 67.298.264,29 euros a fecha 31 de diciembre de 2012, cantidad que se incrementa en un 10,05% anual adicional por los intereses. Al no haberse satisfecho todavía, la cifra que debe pagar la Comunidad ha aumentado hasta los 95 millones aproximadamente.
Fallos similares
Un procedimiento similar se siguió en el tramo II (O’Donnell a N-IV). La condena por las expropiaciones asciende en esta zona a 32,3 millones, que con intereses se encuentra ya en los 48,3 millones. La sentencia es firme desde septiembre de 2015.
El último fallo judicial recibido afecta al tramo III (unión de la A-4 con la A-5). El importe en este caso se eleva a 47,4 millones a pagar a Euroglosa (OHL). El Gobierno regional ha seguido el mismo procedimiento que en ocasiones anteriores, presentando un recurso de casación. En total, las sentencias suman unos 200 millones, que todavía no se han abonado. El montante crece día a día debido a los intereses.
En Madrid existen otras tres autovías que se han financiado con el mismo método: la M-501, conocida como la autovía de los pantanos, que percibió 16,7 millones en 2015 como peaje a la sombra, y la M-407, de Leganés a Griñón, que costó 7,4 millones en 2015.
Esta forma de financiación ha suscitado las críticas de los grupos de la oposición. Hace dos semanas, el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, preguntó a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, sobre el sistema que iba a aplicar el Gobierno para afrontar el pago a OHL. Cifuentes respondió que, de momento, se iban a agotar todos los recursos jurídicos porque consideraba que esa era la mejor defensa de los intereses de los madrileños. También le recordó que la autovía no se ha construido durante su mandato.
Conversaciones para afrontar los pagos
El Ejecutivo de Cristina Cifuentes ha entablado conversaciones con las adjudicatarias de la M-45 para hacer frente a los pagos, que todavía no ha iniciado, por las sentencias condenatorias debido a las expropiaciones. En los pliegos de condiciones técnicas y económicas de la licitación convocada para la construcción de la infraestructura, se reconocía el derecho de las empresas a mantener el equilibrio cuando las expropiaciones superaran los 5,5 millones de euros. En 2002 el Gobierno regional hizo frente a un reequilibrio reconociendo 21 millones adicionales al coste de la obra. La Comunidad de Madrid ha expuesto esta consideración en los recursos presentados ante el Tribunal Supremo. También ha advertido de que la empresa no ha invertido en conservación los 100 millones a los que está obligada. Consideraciones que, de momento, no han convencido a los jueces.
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