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El fiscal mantiene la petición de cárcel para Sinaí Giménez por amenazas en los mercadillos

El líder de los Morones echa la culpa a los antidisturbios en el primer juicio por el acoso a vendedores del clan de los Zamoranos

Sinaí Giménez, en 2014 a las puertas del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Sinaí Giménez, en 2014 a las puertas del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

El primer proceso judicial que aborda el grave conflicto entre vendedores de mercadillos en el sur de Pontevedra ha sentado en el banquillo esta semana al príncipe de los Morones, Sinaí Giménez. Giménez está acusado de amenazar a vendedores del grupo de los Zamoranos para que abandonasen el mercadillo de Redondela en noviembre de 2015 y el juicio ha quedado visto para sentencia.

Aunque tanto el acusado (que tiene abiertos otros dos procesos por hechos similares) como dos de sus hermanas y una sobrina, también procesadas, negaron los incidentes con los Zamoranos así como el tiroteo previo que se produjo en una carretera con la intención de intimidarlos, el fiscal mantiene su petición de condena para todos ellos.

Sinaí Giménez, que afronta tres años y medio de prisión y cinco de alejamiento del portavoz de los vendedores afectados, Felipe Salazar, denunciante en este juicio, ha negado rotundamente que intentase hacerse con el control de la distribución de los puestos, tensando aún más un conflicto que ha derivado en graves episodios de extorsión.

El autodenominado príncipe de los Morones culpó del incidente a la policía y negó que hubiese obligado a los feriantes castellanos a abandonar el mercadillo, pese a que tuvieron que hacerlo escoltados por los agentes. “Ellos [por los antidisturbios] aparecieron con cascos y porras, creando un tumulto que obligó a separar a los dos grupos”, declaró el acusado, cuyo testimonio fue corroborado por las tres mujeres acusadas que afrontan una posible condena de dos años y medio de cárcel.

El líder de los Morones insistió que “no hubo ni amenazas de muerte ni insultos a Felipe Salazar ni a su familia, sino juramentos gitanos como 'me cago en los panteones que tenéis en Zamora". También negó que tratase de intimidarlos con una barra de hierro y una pistola, alegando que la que encontró la policía en el suelo no era suya. Giménez aseguró que tampoco vio a su sobrina empuñando un cuchillo. Solo sus dos hermanas admitieron que les habían llamado "robaniños" y "violadores".

Sin embargo el fiscal recordó la primera reyerta ocurrida entre ambos clanes dos días antes en Cangas y el tiroteo en el que se vieron envueltos los Zamoranos cuando fueron obligados a abandonar el mercadillo de Coia, en Vigo. La escalada de violencia provocó que 13 supuestas víctimas sean testigos protegidos de la fiscalía en el proceso abierto en Cangas tras una redada policial de abril de 2016 en la que está imputada la saga familiar de los Morones al completo.

Según Felipe Salazar, que declaró en el juicio como testigo por videoconferencia, las amenazas de muerte comenzaron cuando los feriantes zamoranos dejaron de pertenecer a la cooperativa de los Morones, por lo que a partir de entonces ya no pudieron trabajar en varios mercadillos de la provincia de Pontevedra.

También los agentes de la policía que intervinieron en el altercado declararon que, cuando estaban vigilando el mercado de Redondela para prevenir posibles enfrentamientos, vieron a vendedores de los Morones insultando y amenazando a Salazar y a los Zamoranos. "Te vamos a matar, esta tarde voy a ir a tu casa para matarte a ti y toda tu familia", fueron algunos de las frases que escucharon los agentes.