El Tribunal de Cuentas cita a dos exconsejeras del PP por la compra de la empresa de la F-1 en Valencia

Mientras la causa judicial por el Gran Premio de Europa de Fórmula 1 sigue adelante, con la citación en enero del expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps, imputado por los presuntos delitos de malversación y prevaricación, el Tribunal de Cuentas prosigue su propio procedimiento, fruto de la reclamación presentada por la Generalitat por la ruinosa compra por parte de los anteriores responsables autonómicos de la empresa que gestionó las carreras en Valencia.

El Tribunal de Cuentas ha citado el próximo 1 de febrero a las exconsejeras de Cultura y Deporte con el PP Trinidad Miró y Lola Johnson a una audiencia previa enmarcada en el proceso de reintegro instado por la Generalitat por la compra de la empresa Valmor, organizadora de la Fórmula 1 en València.

Según consta en una cédula de notificación a la que ha tenido acceso EFE, se cita también para ese día a tres exdirectivos de la empresa Circuito del Motor entre 2011 y 2012 y un ex alto cargo del Gobierno valenciano.

Se trata respectivamente de José Miguel Escrig, Julio García y Blanca Tomás, por ostentar los poderes de esa empresa; y de Luis Lobón, por ser quien suscribió el contrato de adquisición de Valmor en representación de la Generalitat. En esta vista, los citados, que han de acudir con abogado, deberán aportar escrito detallado de la proposición de prueba.

La citación tiene origen en una reclamación de reintegro instada por la Generalitat, a través de la empresa pública Circuito del Motor, por la compra de Valmor Sports por un euro, y la asunción de un total de 24 millones de deuda. La Administración autonómica reclama el pago de esos 24 millones a Lola Johnson, José Miguel Escrig, Julio García, Blanca Tomás y Luis Lobón.

Subsidiariamente, la Generalitat reclama 14,6 millones a estas mismas personas y a la exconsejera Miró (presidenta del consejo de administración de Circuito del Motor de 2007 a 2011) por los gastos no pagados por Valmor Sports a Circuito del Motor por la organización de la Fórmula Uno de 2008, 2009 y 2010.

Según expuso la Abogacía de la Generalitat en su reclamación, la adquisición de Valmor Sports fue "más allá de lo autorizado por la junta de accionistas" de la sociedad pública Circuito del Motor, cuyo acuerdo "solo prevé un desembolso de 0,99 euros" sin que existiera "una previsión de desembolso mayor".

"Nunca debió de proponerse a la junta de accionistas la adquisición de Valmor a sabiendas de que tenía un valor contable negativo", como era unos pasivos frente a terceros de 31,8 millones y una previsión de patrimonio neto negativo de 14,6 millones, a juicio de la Generalitat.

Proponer la compra sin advertir de este hecho constituye una conducta "realmente de gravísima negligencia", y no comparte la idea de que la adquisición de esta empresa fuera la operación más razonable para garantizar la continuidad del Gran Premio.

Además, señala que existían otros contratos y pactos suscritos que aseguraban la continuidad de la carrera, de los que eran conocedores los responsables de Circuito del Motor, por lo que aceptar sin más esa conclusión supone, en su opinión, "una absoluta falta de diligencia".

Desde que se inicia la relación entre Valmor Sports y Circuito del Motor en 2008 hasta que se propone su adquisición a finales de 2011, prosigue la reclamación, hay una dejación de funciones propias de aquellos que tenían competencia y obligación de reclamar la deuda o evitar el perjuicio para los fondos públicos.

Desde que ambas empresas suscribieron en 2008 un contrato por el que Circuito del Motor se encargaría de la organización de la F-1 a cambio de una contraprestación "razonable y equitativa" por parte de Valmor, ésta, según la Generalitat, no ha abonado los gastos de 2008, 2009 y 2010 ni consta que se le hayan reclamado.

La Generalitat observa una conducta "claramente negligente" por parte de los demandados por no haber reclamado los 14,6 millones a Valmor y por haber propuesto su compra sin aportar datos relevantes, lo que, según calcula, produjo un perjuicio de 23,99 millones de euros.