El autoritarismo que no cesa

No es una excepción española. Las democracias liberales en acusada crisis de gobernanza avanzan de manera lenta pero segura hacia el autoritarismo. Se puede ver desde el cuadro general o desde las cuestiones concretas. El cuadro general presenta unos sistemas institucionales gastados que viven cualquier intromisión como una amenaza. Los partidos que han protagonizado el modelo bipartidista (un sistema de alternancia controlada para que nada cambie) que lleva años perdiendo la confianza de la ciudadanía, intentan proteger su impotencia negando carta de naturaleza a aquellos movimientos que osan desafiar su monopolio. La línea de demarcación la establece la palabra populismo. Categoría de escasa entidad conceptual que señala a los que, desde el poder efectivo, no se consideran aptos para merecer la homologación del statu quo.

Después de 30 años de un proceso de individualización radical que ha dejado a muchísimos ciudadanos abandonados a su suerte cualquier intento de recrear espacios comunitarios, territorios de empatía y solidaridad que otorguen confortabilidad y reconocimiento, es objeto de sospecha. Y en esta pérdida de capacidad de inclusión, el chivo expiatorio compartido es el inmigrante (que no es lo mismo que el extranjero, que si es rico no es objeto de desconsideración alguna). La claudicación de la socialdemocracia, que desapareció de tanto mimetizarse con la derecha, deja un escenario de derechización generalizada de Europa. Y cuando alguien levanta la bandera reformista hay que abrocharse los cinturones, porque lo más probable es que los cambios que se propongan sean más ventaja e impunidad para el poder económico y mayor endurecimiento del sistema de derechos y libertades.

Si este el marco general, me permito ilustrarlo con dos ejemplos concretos del quehacer hispánico. Estos días vivimos con extraña naturalidad (sólo explicable por el estrés acumulado en los últimos meses del conflicto catalán) unas elecciones en que parte de los candidatos han pasado varias semanas en la cárcel. Este asunto ha devuelto a la actualidad la cuestión de la prisión provisional, que es lo que me interesa aquí, porque se está convirtiendo en algo preocupantemente normal, cuando por definición es excepcional. Mantener en prisión preventiva a una persona es encerrarla sin que haya sido condenada. Quitarle derechos básicos sin juicio previo. Como es obvio, la doctrina dice que la prisión provisional no puede ser punitiva. Y por tanto sólo puede aplicarse en casos muy justificados: riesgo manifiesto de fuga y reincidencia de consecuencias gravísimas. Y, sin embargo, cada vez es más usual. Y el número de preventivos crece sin cesar.

Pero quizás el instrumento penal más significativo de la deriva autoritaria es el delito de odio (con su correlato de la humillación) Para decirlo en palabras de Santiago Alba Rico, es muy peligroso confundir “delito, pecado y enfermedad”, porque son cosas esencialmente distintas. El delito por definición ha de ser objetivable, por ello se tipifican los casos en el Código Penal. Un código penal subjetivo es una puerta abierta a la arbitrariedad y al autoritarismo. Se castiga aquello que ofende a los que mandan.

Odiar puede ser detestable, pero todo el mundo es libre de odiar a quien quiera mientras no pase a acciones directas contra el objeto de sus obsesiones. Y cuando se trata del ámbito de la opinión, hay un derecho básico que es la libertad de expresión. Que no existe sin derecho a decir idioteces, por lamentables que sean. Y que sobre todo, puesto que la ofensa es muy subjetiva, puede convertirse en instrumento ideal para la censura al servicio de determinados intereses. Humillar es moralmente detestable, pero penalmente es muy difícil de objetivar. No todo el mundo vive igual una presunta humillación. Es estúpido, inmoral y ofensivo negar el Holocausto o negar los crímenes del franquismo, pero si alguien cree que no existieron tiene derecho a decirlo, con la pena suplementaria de que queda perfectamente retratado. Aunque sea humillante para las víctimas.

No nos engañamos: en delitos como el de odio, las víctimas son la coartada para poner en la cárcel al que estorba. Y es el colmo que la acusación de delito de odio se utilice como arma política incluso en campaña electoral. Decía con sorna un amigo juez: “Esto solo se resuelve el día que un dirigente del PP, que los hay bastante lenguaraces, se vea atrapado en un lío de este tipo”. En cualquier caso, la actualidad nos ha servido estos dos ejemplos del autoritarismo discreto que no cesa.