Òmnium y entidades sociales denuncian que el 155 pisa competencias y paraliza proyectos

Òmnium y un grupo de entidades sociales han denunciado, este jueves, que la aplicación del artículo 155 en Cataluña ha provocado una invasión de competencias autonómicas y ha puesto en riesgo proyectos culturales y educativos en Cataluña. Así lo han expuesto, en rueda de prensa, el sindicato educativo USTEC-STES, la Asociación de actores y directores de Cataluña, la asociación de servidores públicos de Cataluña ServidorsCAT y la agrupación de entidades sociales Lafede.cat. Los efectos del 155 que denuncian abarcan la financiación de proyectos culturales, la contratación de nuevos docentes para la escuela catalana o la vulneración de competencias en la gestión digital de los testamentos. Aun así, alertan de que los principales efectos de la aplicación del 155 no se empezarán a notar hasta 2018.

“Desde Òmnium queremos visibilizar el 155, poner nombres y apellidos a la vulneración de derechos”, ha dicho el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, que el viernes estará en Madrid para asistir a la declaración ante el Tribunal Supremo de los exconsejeros y de los líderes soberanistas encarcelados. “El 155 afecta a entidades y a la ciudadanía. Seas independentista o no, las medidas nos afectan a todos por igual”, ha apuntado al inicio de la rueda de prensa, en la que ha insistido en que la medida tiene “repercusiones en el día a día a pesar de que algunos se empecinen en que no pase nada”.

Para el portavoz del sindicato USTEC, Ramon Font, el 155 se notó “en seguida”. Font ha citado como ejemplo la conferencia sectorial del pasado 30 de octubre con los consejeros de educación de todas las autonomías. Allí se sometieron a votación algunos de los criterios a tener en cuenta en las oposiciones a maestro y hubo un empate técnico entre las diferentes autonomías. El voto de Cataluña se decantó a favor de la opción que defendían las comunidades gobernadas por el PP, en virtud del 155, según Font. Además, desde el sindicato consideran que el PP “tiene una voluntad clara de recentralizar competencias” en la inspección educativa.

La asociación de servidores públicos ServidorsCAT ha habilitado un “inventario de daños” en el que recogerán todas las actuaciones que haga el Estado en Cataluña mediante el 155. Su portavoz, Yolanda Hernández, ha explicado que se han vulnerado competencias autonómicas en materia de voluntades digitales y que se ha anulado el derecho de la Generalitat a defenderse. “Para impugnar una normativa hace falta un acuerdo del Govern y del conseller pertinente”, ha dicho. Pero para ServidorsCAT, la consecuencia más grave del 155 es que ahora los funcionarios de la Generalitat tienen que dirigir sus escritos a la Administración General del Estado en castellano.

La financiación para proyectos con fines sociales también se ha visto afectada: los 10 millones de euros comprometidos no se han liberado hasta esta semana. “Las entidades sociales empiezan a trabajar a partir del 1 de enero. Que en septiembre y octubre tengan incertidumbre ha provocado una congoja considerable”, ha afirmado el presidente de Lafede.cat, Tono Albareda. El presupuesto dedicado a esta materia no ha peligrado, pero los fondos sí que se han transferido más tarde. Además, Albareda ha sostenido que España tiene “tres crisis importantes: la de la corrupción, la social y la territorial”, pero que el Estado está usando esta última para tapar a las otras dos.