Colau paraliza la rehabilitación de un edificio de un fondo de inversión

El Ayuntamiento de Barcelona ha paralizado las obras de un edificio de viviendas, propiedad de un fondo de inversión, en el barrio barcelonés del Eixample. La empresa había solicitado hasta 25 permisos de obras menores en el bloque para esquivar la obligación legal de realojar a los inquilinos. El Consistorio considera que era una estrategia del grupo empresarial para expulsar a los inquilinos de sus pisos y, por primera vez, ha llevado a cabo esta acción de “disciplina de vivienda” que hasta ahora era inaudita.

El concejal de vivienda, Josep Maria Montaner, explicó ayer que Norvet, la empresa que había adquirido una finca en la calle Aragón 477, había solicitado hasta 25 permisos de obras menores para “esquivar la solicitud de una licencia de obras mayores”. Según los técnicos para las obras que se han efectuado en el inmueble es necesario tramitar una licencia de gran rehabilitación. La obra abarca todo el edificio, de hecho ayer la fachada estaba totalmente cubierta por un gran andamio, se han redistribucido los espacios y se han modificado elementos comunes como la fachada, los núcleos de comunicación vertical, los patios etc etc.

El pasado viernes 24 de noviembre el Distrito del Eixample comunicó al propietario la decisión de frenar las obras y dejar sin efecto los permisos tramitados. El quid de la decisión del Consistorio se basa en que una licencia de obras mayores lleva implícitas un conjunto de obligaciones de la propiedad con las familias alquiladas que viven en la finca. “Por ejemplo, en el caso que las obras dificulten la vida del inmueble, la propiedad debe garantizar el realojamiento durante las obras y el retorno al domicilio una vez acabadas”, ha explicado Montaner. El concejal de vivienda mantiene que declarando solo obras menores la empresa propietaria ha “evadidó” sus obligaciones en relación con las familias alquiladas y nos las realojó sino todo lo contrario “las presionó para que abandonaran sus viviendas”.

Según el Consistorio, el edificio tiene 28 viviendas de las que 18 tienen contratos de alquiler vigentes de los que cuatro son indefinidos, uno vence este mes y el resto finalizan en un plazo de entre dos y cuatro años. En julio había cuatro viviendas vacías y seis ocupadas por miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Según Lucía Delgado, portavoz de la PAH en Barcelona, el número de pisos vacíos a día de hoy se eleva a 15. “En Barcelona hay 78 edificios comprados por fondos buitres y 38 se encuentran inmersos en conflictos similares a este”, asegura Delgado.

El Consistorio pretende solicitar cambios en la manera como se tramitan las solicitudes de licencias en las fincas. Pedirán más documentación a los propietarios e incluso una declaración donde se comprometan a su deber legal de realojar a los vecinos en caso de obras de rehabilitación.

El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, ha concluido: “Hay inversores que son bienvenidos en la ciudad y otros, los que vienen a especular, que no lo son”. Pisarello ha alertado a los fondos inversores que el Consistorio estará “detrás” de todos los movimientos que realicen.