Victoria vecinal en la zona cero de los ‘narcopisos’

“En cinco meses hemos conseguido cerrar —solo en nuestra calle— cuatro narcopisos, un local ilegal que utilizaban los consumidores de heroína para pincharse y, hoy, un prostíbulo”, se felicitaba ayer Carlos un vecino de la calle d’En Roig del barrio barcelonés del Raval. El mismo lugar donde, el verano pasado, comenzó, a golpe de cacerola, la lucha contra los traficantes que ocupan pisos y los convierten en supermercados de la droga a siete euros la dosis.

Ayer no clausuraron un narcopiso. Tras casi un año en funcionamiento, la comitiva judicial cerró un meublé instalado en un local cercano a la confluencia de d’En Roig con Picalquers. Un inmueble que estaba abierto las 24 horas y, según los vecinos, donde el ejercicio de la prostitución y especialmente la actitud de algunos clientes hacían sentir inseguros a los vecinos.

El 30 de enero de 2017 un presunto pequeño empresario, de origen ecuatoriano, firmaba un contrato de alquiler con el propietario de un local estrecho, alargado y oscuro en la calle d'En Roig. El emprendedor aseguraba dedicarse al mundo de la construcción y comunicó al dueño del local que iba a utilizar el inmueble como almacén de materiales de obra. Regateó el precio y llegaron a un acuerdo. Pagó un mes por adelantado a cambio de que le diera dos meses de carencia para hacer unas supuestas obras —que nunca tuvieron lugar— para adecuar el espacio. Febrero y marzo contaban como meses de obras y abril lo había pagado por adelantado.

Miquel Nueva ejerce como presidente de la comunidad de vecinos donde se encuentra el local. Nueva y el resto de vecinos pronto comprobaron que en aquel lugar se estaba llevando a cabo una actividad que no era precisamente la de almacén. “Las prostitutas contactan con clientes en la calle Sant Rafael y Robadors. Muchas de las mujeres tenían las llaves del local y venían aquí a mantener relaciones”, denunciaba ayer el vecino. “Diariamente asistíamos a espectáculos como discusiones de clientes, peleas y la angustia de no saber a quién te ibas a encontrar cuando salías a la calle”, denunció. Además, según el presidente de la comunidad, habían “pinchado” los suministros.

Los vecinos denunciaron, pero a nivel policial poco pudieron hacer los agentes “más allá de situaciones concretas”. En mayo, el empresario tenía que abonar la primera mensualidad del alquiler. Después de la firma del contrato, según fuentes cercanas a la administración del inmueble, el supuesto constructor no realizó ningún tipo de transferencia.

El propietario denunció judicialmente el impago del alquiler y un tras meses de pleitos un juez ordenó ayer el desalojo. La administración de fincas, junto con la comitiva judicial, se personó la mañana de ayer en la calle d’En Roig. En el interior del inmueble no había ninguna persona, por lo que un cerrajero retiró la cerradura.

En el interior, una bicicleta sobresalía en medio de un decorado sórdido. Habitaciones construidas con tres tablones, colchones y botellas por el suelo junto a paredes descorchadas y mucha, muchísima, miseria y suciedad. El local, que no conservaba bombillas, hacía solo unas horas que había sido utilizado por alguien.

Los representantes de los propietarios colocaron dos candados en la puerta de la entrada. “Dentro de unas horas lo volverán a ocupar. Estaremos atentos y exigiremos el desahucio exprés”, anunció Nueva.

“Faltan un par de cosas por mejorar pero es así como liberamos nuestras calles y comenzamos un proceso de mayor calidad de vida”, se enorgullecía ayer Carlos de la calle d’En Roig.