Trapero se niega a entrar en política

El expresidente Carles Puigdemont quería que el exjefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, fuese en su lista para las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. Y así se lo hicieron llegar a su abogada, Olga Tubau, que le defiende del delito de sedición por el que está imputado en la Audiencia Nacional tras el 1 de octubre. "Que ni me llamen", respondió Trapero a su letrada ante la oferta, avanzada hoy por El Confidencial.

En un mensaje enviado a diversos medios de comunicación, Trapero asegura no ha hecho nunca política, ni la hará. "He sido un profesional de la policía y eso pienso seguir siendo", añade. El exjefe de los Mossos fue cesado por el Ministerio del Interior el 28 de octubre y está apartado de tareas operativas. Actualmente lleva a cabo labores administrativas ubicado en la comisaría de Les Corts de Barcelona, donde está la Dirección General de la Policía catalana.

Trapero se ha erigido en un símbolo entre muchos independentistas, sobre todo después de los atentados de Barcelona y Cambrils, de los que hoy se cumplen tres meses. Su manera de comunicar lo que pasó, y sobre todo, su respuesta a un periodista extranjero que le pidió que respondiese en castellano a una pregunta formulada en catalán, el ya clásico "bueno, pues molt bé, pues adiós", hizo que se llegasen a imprimir camisetas, chocolatinas y hasta zapatillas de estar por casa con su cara y su frase. Meses antes, la escritora Pilar Rahola difundió una imagen de Trapero en una comida en actitud festiva, tocando la guitarra y cantando, junto al entonces presidente Puigdemont.

Tras el 1 de octubre, cuando dio la orden a los Mossos de actuar con proporcionalidad, sin usar las porras contra personas en actitud de resistencia pasiva frente a los colegios electorales donde se pretendía celebrar el referéndum, también fue visto por parte de algunos sectores, dentro y fuera de Cataluña, como un apoyo al independentismo. Trapero está siendo investigado por la Audiencia Nacional por la presunta inacción de los Mossos durante esa jornada.

También se investiga si la policía catalana no protegió debidamente a la Guardia Civil el 20 de septiembre, cuando registraban la sede del Departamento de Economía por orden del juzgado de instrucción 13 de Barcelona. Los investigadores y la secretaria judicial quedaron sitiados y algunos no pudieron salir de allí hasta el día siguiente. El instituto armado acusa a los Mossos de no responder a sus diversas peticiones de auxilio para poder salir. Los Mossos aseguran que cuando se les avisó del operativo ya era demasiado tarde para poder hacer un cordón adecuado, que garantizase una salida sin problemas.