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El Gobierno regional intenta subir los requisitos a las propuestas de ley de la oposición

Quería obligarles a incorporar, de oficio, un informe de los servicios jurídicos del Parlamento

El Gobierno regional ha intentado modificar el Reglamento de la Cámara para que las proposiciones de ley que presenta la oposición tengan que incorporar, de oficio, un informe de los servicios jurídicos del Parlamento. Lo ha hecho mediante un escrito ante la Mesa de la Asamblea, que ha cortado la pretensión porque podría entenderse como "una injerencia del poder ejecutivo en el poder legislativo".

Imagen de archivo de una sesión en la Asamblea de Madrid.rn
Imagen de archivo de una sesión en la Asamblea de Madrid. EL PAÍS

El Reglamento de la Asamblea marca que las proposiciones de ley incluirán un texto articulado y estarán precedidas por una exposición de motivos. No se exige ningún requisito más. Estas iniciativas se presentan en su mayor parte por los grupos parlamentarios de la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos), aunque también pueden provenir de ciudadanos o de Ayuntamientos.

Las leyes que proceden del Gobierno regional se denominan proyectos de ley e incorporan memorias, informes y dictámenes preceptivos como el de la Abogacía General de la Comunidad o de impacto por razón de género, entre otros. Así lo explica un documento firmado por la viceconsejera de Presidencia y Justicia, Isabel Díaz Ayuso, enviado a la Mesa de la Asamblea de Madrid (órgano de gobierno de la institución) el pasado 18 de octubre.

El escrito añade que el Gobierno regional ha "constatado" que existen "incongruencias e incluso problemas de carácter constitucional" en algunas de las proposiciones de ley que promueve la oposición. Sin olvidar, los impactos presupuestarios que "tendrían algunas de las medidas que proponen los textos normativos".

Por esos motivos y "preocupado por las consecuencias que podrían derivar de la falta de análisis del impacto tanto jurídico como económico", el Gobierno de la Comunidad de Madrid propone que la Mesa solicite "con carácter previo a la admisión de la iniciativa legislativa un informe, de oficio, de los servicios jurídicos de la Cámara". De esta forma, se permitiría "despejar de antemano" cualquier problema que se pudiera plantear en el futuro en la aplicación de la ley, concreta la petición.

La Mesa ha rechazado la propuesta, porque considera que supone una injerencia del Gobierno regional en la capacidad legislativa de la Cámara. En todo caso, opina el socialista Modesto Nolla (vicepresidente segundo de la Mesa de la Asamblea), sería una cuestión a regular por el Reglamento de la Asamblea, cuya modificación se está debatiendo.

Nolla sostiene que es una estrategia del PP “que todavía no ha asimilado que ha perdido la mayoría absoluta y le molesta aprobar leyes que no provienen de sus filas". "Cifuentes ha venido utilizando abusivamente los recursos que el reglamento le permite para paralizar aquellas iniciativas que suponen un incremento presupuestario y quiere poner más trabas de esta manera”, explica.

Al diputado le parece “inconcebible” que el PP diga a la Mesa lo que tiene qué hacer”, como tampoco se han pronunciado nunca en cómo tiene que presentar sus propuestas el Gobierno.

En esta X Legislatura los grupos de la oposición han impulsado 47 proposiciones de ley (12 en 2015, 16 en 2016 y 19 en 2017). Dentro de las pocas que se han aprobado destacan la que garantiza los derechos en el proceso final de la muerte (a propuesta del PSOE) o la de gratuidad de libros de texto, que presentó Ciudadanos.

El Gobierno intentó parar la tramitación de la ley reguladora de los puntos de encuentro familiar en la Comunidad de Madrid del PSOE alegando incremento presupuestario. La Mesa lo desestimó y el pleno de la Asamblea acordó su toma en consideración el 5 de octubre pasado.