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Un juzgado paraliza de forma cautelar el cambio de nombre de las calles franquistas

El magistrado de lo Contencioso-administrativo reclama a la demandante Fundación Francisco Franco que deposite 60.000 euros de fianza

Dos mujeres, en la calle de la Batalla de Belchite, en Madrid Ampliar foto
Dos mujeres, en la calle de la Batalla de Belchite, en Madrid

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 23 de Madrid ha decretado la suspensión cautelar del cambio de nombre de 52 calles de reminiscencia franquista de la capital, recurrido por la Fundación Francisco Franco. El juez ha condicionado dicha suspensión a que la entidad deposite 60.000 euros como garantía. La Fundación Francisco Franco cree que esta cifra es "desproporcionada", al tratarse de una entidad sin ánimo de lucro, y asegura a EL PAÍS que la recurrirá en el plazo previsto de 15 días para que se rebaje. El Ayuntamiento de Madrid también ha anunciado que recurrirá el auto y ha calificado de "incomprensible" que se paralice el cambio del callejero.

El gobierno de Ahora Madrid, liderado por Manuela Carmena, trabajó durante meses en la redacción de un listado de 52 nombres de calles y plazas que modificar por homenajear a personas o acontecimientos relacionados con el franquismo. El ejecutivo municipal cree que borrar del mapa de Madrid referencias como la plaza de Arriba España o la calle del Primero de Octubre convierte a la capital en "ciudad más justa". Después de la aprobación en la junta de gobierno, el propio Consistorio decidió paralizar su plan tras recibir sendos recursos en los que se pedían medidas cautelares.

En uno de estos recursos, presentado por la Fundación Francisco Franco, se argumentaba que el plan del Ayuntamiento es "ilegal". La fundación alega que la Ley de Memoria Histórica tiene un "marcado contenido ideologizante" y se está aplicando "de forma sectaria y revanchista". Además, sostiene que el cambio del callejero de Madrid conlleva "un fortísimo impacto económico para los madrileños, superior a los 55 millones de euros", según informa Efe.

Una portavoz oficial del gobierno municipal afirma que el Ayuntamiento recurrirá la decisión del juez y pedirá "como medida complementaria" que se "clarifique el plazo" con el que la fundación deberá abonar los 60.000 euros. El Consistorio también da una lectura política del asunto: "Nos parece incomprensible que el nombre de Francisco Franco siga, en 2017, paralizando la aplicación de una ley aprobada por un parlamento democrático".

Maniqueísmo e indiferencia

Antes de aprobar su plan, el gobierno local sometió su proyecto al voto del pleno municipal. En esa votación, todos los grupos representados salvo el PP, que se abstuvo, votaron a favor. El PP afirmó que la Ley de Memoria Histórica pretende recuperar una "visión maniquea de la historia". "No es cuestión de maniqueísmo, sino de indiferencia", le contestó el tercer teniente de alcalde.

El nuevo callejero fue elaborado por un Comisionado de la Memoria, en el que participaron ocho expertos y liderado por la abogada socialista Francisca Sauquillo. El plan del Ayuntamiento de Madrid contempla eliminar referencias como la plaza de Arriba España o la calle del Primero de Octubre. Figuras literarias y filosóficas como Manuel Chaves Nogales, Simone Weil o Max Aub, además de otras como el histórico dirigente de CC OO Marcelino Camacho o el político socialista Julián Besteiro entrarían en el nuevo callejero.

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