Madrid creará 21 plazas de funcionario para impulsar sus “procesos participativos”

Los dinamizadores "impulsarán y contribuirán a que los procesos participativos se desarrollen en los tiempos y formas adecuados"

La alcaldesa Manuela Carmena con los concejales Rita Maestre y Javier Barbero.
La alcaldesa Manuela Carmena con los concejales Rita Maestre y Javier Barbero. Kike Para

El Ayuntamiento de Madrid creará 21 plazas de funcionarios para "técnicos de participación ciudadana", a fin de impulsar los llamados "procesos participativos". De esta manera, según explica, no tendrá que contratar sus servicios en empresas privadas y cooperativas, tal y como ha hecho en los dos últimos años, con un gasto superior a los ocho millones. El Consistorio recuerda la importancia que el gobierno de Madrid da a este tipo de procesos consultivos.

Una portavoz del equipo de Manuela Carmena explica que "dinamizar es impulsar, contribuir a que los procesos participativos se desarrollen en los tiempos y formas adecuados. No se concibe un proceso participativo sin un grupo motor que lo impulse, y la dinamización es fundamental para que dicho grupo se configure", añade. De ahí la necesidad de realizar contrataciones externas y el gasto de los mencionados ocho millones de euros, que adelantó este lunes EL PAÍS.

"El incremento del número de dinamizadores en este mandato, respecto a las anteriores etapas (solo existía un convenio con la Federación de Asociaciones de Vecinos)", señala el Consistorio, "tiene que ver con la importancia que el gobierno de Madrid da a los procesos participativos".

El Ayuntamiento admite que esta figura de funcionario público especializado en "dinamización" no existe en el Consistorio de Madrid ni en las juntas de distrito ni en las áreas, a diferencia de lo que ocurre en otros muchos Ayuntamientos madrileños y del resto de España, donde sí existe con diferentes perfiles (técnico de participación, técnico de animación sociocultural, gestor sociocultural), a pesar de estar recogido en el ROD (Reglamento Orgánico de Distritos) y en los reglamentos orgánicos del Ayuntamiento.

La nueva relación de puestos de trabajo de los distritos (RPT) prevé, precisamente, la figura, como funcionario público, de un técnico de participación ciudadana en cada uno de los 21 distritos de Madrid, a las órdenes directas del secretario de la junta de distrito. "Este es el motivo de la existencia de contratación pública para paliar su carencia", concluye el gobierno municipal.

En cuanto a la evaluación, el gobierno local recalca que habrá un control trimestral de la actividad de los dinamizadores y también procesos de vigilancia de la contratación (de acuerdo a los procedimientos establecidos). Asimismo, se llevará a cabo "un informe anual acerca de la marcha de los trabajos".

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Actividad en los distritos

En los dos años de gobierno de Ahora Madrid, la coalición que aupó a Carmena a la alcaldía ha concedido contratos por más de ocho millones en proyectos de "dinamización". La mayoría se formalizaron en los distritos de la capital. Este es, por ejemplo, el caso de un programa de "dinamización de la participación de la infancia con enfoque de género y sostenibilidad ambiental", por 139.000 euros, o de la "dinamización y apoyo en materia de participación ciudadana" en Fuencarral, Arganzuela, Usera, Villaverde, por 700.000 euros.

Además de estos contratos, el Consistorio adjudicó contratos menores sin concurso público, permitidos hasta un tope de gasto de 21.000 euros, IVA incluido. Así hizo, por ejemplo, para proyectos de impulso de las "mesas de la auditoría ciudadana" o de un "programa sociocultural entre barrios". Los partidos de la oposición (PSOE, PP y Ciudadanos) afirmaron a este diario que esperan analizar los convenios para averiguar si cumplen con todos los requisitos de buenas prácticas.

Sospechas de la oposición

PP y Ciudadanos insistieron este lunes en denunciar supuestas "redes clientelares" en algunas contrataciones de Ahora Madrid. Los portavoces de ambas formaciones hablaron de "reparto de dinero sospechoso" con respecto a contratos adjudicados a firmas vinculadas a miembros de partidos de la coalición. El PSOE evitó incidir en ese aspecto, aunque la semana pasada manifestó su "preocupación" sobre algunas licitaciones. El gobierno local niega la existencia de red de favores alguna y remarca que en los concursos públicos todas las empresas tienen derecho a concurrir.

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