Hacienda amenaza al Consistorio con 150 millones de multa si no ajusta el gasto
Montoro rechaza el tercer plan económico de Carmena porque en lugar de corregir el gasto público lo incrementa
El Ministerio de Hacienda ha rechazado el último Plan Económico y Financiero (PEF) del Ayuntamiento de Madrid. Así lo anuncia el departamento que dirige Cristóbal Montoro en una carta en la que señala que los cálculos municipales están equivocados y que en lugar de corregir el gasto lo incrementan: hasta 238 millones más de lo permitido en 2017 y hasta 243 en 2018. Hacienda advierte que si el Consistorio no corrige su plan puede ser sancionado con una multa de 150 millones. Se trata de una de las medidas coercitivas contempladas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que también prevé la retención de créditos y hasta la intervención de la corporación.
El Ayuntamiento recibió la semana pasada la negativa oficial de Hacienda a su plan económico de reajuste. La misiva, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, critica que el gobierno local calcule el ajuste de gasto partiendo de "premisas erróneas", como tomar como base el gasto ejecutado en 2016 pese a haber excedido el máximo legal. Y señala que en el caso de que un consistorio lleve incumpliendo el techo de gasto desde varios años —como es el caso de Madrid—, la corporación puede sufrir una sanción que en el caso de la capital alcanzaría aproximadamente los 150 millones de euros. Hacienda exige que el Ayuntamiento, dirigido por Manuela Carmena, corrija sus cálculos hoy.
En su carta, Montoro comunica al gobierno de Ahora Madrid que "la senda de gasto debe acomodarse al marco definido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera". El nuevo cálculo deberá hacer compatible el desembolso municipal "partiendo del máximo gasto compatible con el cumplimiento en el ejercicio anterior", y no en función del PIB nacional a medio plazo.
En definitiva, en su carta Hacienda revela que tal y como propone el Ayuntamiento su plan de ajuste, en lugar de corregir su senda de gasto, la empeora, hasta 238 millones en 2017 y 243 el año siguiente.
Este lunes, una portavoz del Área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, dirigida por Carlos Sánchez Mato, confirmó a EL PAÍS el recibo de la carta. También aseguró que el gobierno municipal contestará en los tiempos establecidos: "Contestaremos, siempre lo hacemos", afirmó.
Hacienda alerta de que ese incumplimiento (el tercero en dos años) llevaría a la sanción, que es el tercer nivel de las medidas coercitivas contempladas en la ley. El siguiente nivel consiste en el envío de "expertos" para que se encarguen directamente de la política económica municipal. Los llamados "hombres de negro".
En los tribunales
Ahora Madrid, coalición formada por Podemos, IU, Equo y Ganemos, lleva incumpliendo la regla de gasto desde su primer año de gobierno. En 2015, el ejecutivo sobrepasó el techo de gasto en 17 millones. El año siguiente, elevó su desembolso a 234 millones más de los permitidos. Por ello Hacienda ya ha aplicado las primeras medidas coercitivas previstas en la Ley de Estabilidad. El pasado mes de marzo obligó al Ayuntamiento a congelar 238 millones de sus cuentas anuales. Se trata de una cifra que prácticamente representa la mitad del esfuerzo inversor previsto para este año, y que Ahora Madrid intentó sortear recuperando los fondos del remanente de tesorería.
Esta operación, sin embargo, levantó ampollas entre los técnicos de Hacienda. El ministerio considera esas operaciones ilegales, puesto que en su opinión permiten al Ayuntamiento recuperar fondos de partidas bloqueadas. El Consistorio, por su parte, defendió con fuerza la legalidad de su procedimiento y rechazó acatar los requerimientos ministeriales. Un rompecabezas financiero que el pasado mes de septiembre Hacienda decidió llevar a los tribunales.
Una senda de estabilidad
En la carta que ha enviado al Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Hacienda le pide que "garantice una senda de estabilidad y crecimiento" de acuerdo con los márgenes previstos por la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Esta norma se introdujo en la legislación española en 2013, tras el pacto fiscal europeo que permitió la ayuda comunitaria ante la crisis bancaria. En su misiva, Hacienda recuerda que el incumplimiento de la normativa le "habilita" para "imponer medidas coercitivas sobre esa Administración".
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