12 acusados del ‘caso Campeón’ pactan una rebaja de sus condenas con la fiscalía

El juicio de la Operación Campeón, que destapó en 2011 un fraude de subvenciones de la Xunta y tráfico de influencias para favorecer a la farmacéutica Nupel, ha arrancado este martes con la vista previa en la que la Fiscalía de Lugo y los abogados de 12 de los 13 acusados llegaron a un acuerdo para pactar una rebaja de las condenas a cambio de reconocer los delitos. Para los principales acusados en la causa, entre ellos excargos de la Xunta de Alberto Núñez Feijóo y del PP, las penas se quedarán en menos de la mitad de lo que pedía el Ministerio Público en su escrito de acusación.

Es el caso del principal procesado de la trama, el empresario lucense Jorge Dorribo, que ha aceptado cinco años y 11 meses de prisión, la mayor condena, aunque no irá a la cárcel al haber estado cuatro años en prisión preventiva y carecer de antecedentes penales. El dueño de Nupel, la empresa beneficiaria de las subvenciones del Igape (Instituto Galego de Promoción Económica), un organismo dependiente de la Xunta, tendrá que devolver más de seis millones de euros que percibió de forma fraudulenta por lo que incurrió en varios delitos como falsedad documental, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales e insolvencia punible.

También su socio en la empresa Laboratorios Asociados Nupel, SL y el segundo mayor responsable del fraude, Arsenio Méndez, sale beneficiado del acuerdo de conformidad cuya condena quedará en dos años de cárcel y tendrá que indemnizar al Estado con dos millones de euros. El acusado Pablo Cobián, que en el momento de los hechos era diputado y concejal del PP, ha aceptado ocho meses de prisión por un delito de tráfico influencias, y dos años y tres meses de inhabilitación para el ejercer un cargo público. La multa para el expolítico será superior a los 45.000 euros.

Para Joaquín Varela y Carlos Silva, que conformaban la cúpula directiva del Igape cuando se cometieron los hechos, no habrá pena de prisión. El pacto con la Fiscalía se ciñe a la imposición de multas de más de 2.000 euros para cada uno y un año de suspensión de empleo o cargo público por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios. Y contra la exdirectora de financiación del Igape Cristina Quintela finalmente el fiscal ha retirado finalmente la acusación.

Carlos Monjero, el responsable de Proitec, la agencia consultora que ayudó a Jorge Dorribo a solicitar las subvenciones simulando proyectos de inversión, ha aceptado una condena de 10 meses de prisión, mientras que el resto de los empleados también han llegado a acuerdos que se concretan en penas inferiores a un año de cárcel.

En esta vista previa solo un acusado ha rechazado el juicio de conformidad, por lo que la vista se reanudará el 24 de octubre. Se trata de Javier Rodríguez, el otro socio de la empresa Proitec, que pedirá la nulidad de la causa, según informó su abogado, José Luis Fiuza, que ha insistido en la inocencia de su cliente: “Lo hace para defender su honestidad", comentó a la salida de la Audiencia de Lugo, según informa Europa Press.

El fiscal del caso, Roberto Brezme, valoró los acuerdos de conformidad en términos económicos subrayando que "todas las personas que estaban acusadas han obtenido la respuesta adecuada, en consonancia con la reparación del daño causado”, lo que implica la devolución de los fondos públicos sustraídos del Igape. En el caso Campeón llegaron a estar imputados la actual conselleira de Infraestruturas del Gobierno de Feijóo, Ethel Vázquez, y el exministro socialista de Fomento José Blanco.