Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
OPINIÓN

7 de octubre

La represión de octubre de 1934 fue un bumerán contra la derecha. ¿Hay alguien tan cerril para creer que la misma fórmula va a resolver algo en 2017?

Campana de Òmnium en el metro de Barcelona a favor del referéndum.
Campana de Òmnium en el metro de Barcelona a favor del referéndum.

A lo largo de este último lustro, el 6 de octubre de 1934 ha sido invocado frecuentemente por parte del unionismo (dentro de Cataluña) y del españolismo (fuera). Lo ha sido como exorcismo antiindependentista, como humillante recordatorio de que la última tentativa secesionista catalana hasta hoy terminó, ocho décadas atrás, en la derrota y el ridículo.

Se ha tratado de unas invocaciones no por repetidas menos falaces y tramposas porque, en octubre de 1934, nadie proclamó independencia alguna. El presidente Companys vulneró, desde luego, la legalidad entonces vigente, tanto como el conjunto de los republicanos la habían vulnerado el 14 de abril de 1931, al derrocar la monarquía en virtud del resultado de unas municipales. Pero el Estat Català de la República Federal Espanyola no pretendía romper con España, sino cambiar el rumbo político de España, corregir la derechización antiautonomista iniciada tras las elecciones de noviembre de 1933.

Es verdad que, en el desencadenamiento de ambas crisis, se hallan diversas sentencias de altos tribunales politizados e ideológicamente sesgados: en 1934, la del Tribunal de Garantías Constitucionales contra la ley de Contratos de Cultivo; desde 2010 las del TC contra el Estatuto —un hito crucial— y contra todas las demás iniciativas autodeterministas tomadas por las instituciones catalanas. En todo caso, el relativo paralelismo termina ahí: con Companys, el plazo entre la sentencia y el cenit del conflicto fue de apenas cuatro meses; ahora han pasado siete años, tiempo más que suficiente para un crecimiento geométrico del independentismo y una acumulación de fuerza reivindicativa que brillaron por su ausencia en 1934.

La proclama de Companys respondió a la improvisación de unas horas; su Estat Català no tenía ningún aval de las urnas, y el Parlament fue un convidado de piedra del que la oposición se había retirado meses antes. Más diferencias: un sector del nacionalismo de 1934 —era el aire de los tiempos— había tomado disposiciones seudobélicas que, a la postre, dieron al fracaso político ribetes de farsa; y, 36 horas antes de que el presidente de la Generalitat violase la ley con un discurso, el gran partido de la izquierda española (el PSOE, sí) lo había hecho con una insurrección armada que tendría en Asturias su epicentro, y de la que Companys se declaró fraternalmente solidario. Ya ven qué separatista.

Si no hay en perspectiva, pues, ninguna reedición siquiera corregida del 6 de octubre, en cambio sí parece prepararse un remake del 7 de octubre, a cargo ahora como entonces del Gobierno central y de sus instrumentos. Induce a pensarlo el clima común de unión sagrada en Madrid: en 1934, al día siguiente de la “rebelión de la Generalidad”, José Antonio Primo de Rivera encabezaba una manifestación por “la unidad de España”; luego, el joven marqués a la par que líder fascista era recibido cariñosamente por el presidente del Gobierno, el antiguo comecuras y anarquizante Alejandro Lerroux; más o menos como ahora Rajoy, Rivera y Sánchez olvidan sus diferencias en defensa del statu quo.

Sobre todo, los presagios de un nuevo 7 de octubre se acumulan en el terreno de la represión. Entonces, bajo el Ejecutivo del ex Emperador del Paralelo, hubo casi 4.000 detenciones (consejeros, alcaldes, diputados, concejales, militantes...) y cientos de ayuntamientos suspendidos; la Generalitat quedó intervenida, toda la prensa catalanista de izquierdas fue clausurada, el Parlament convertido en cuartel de la Legión, etcétera.

No aparece muy distinto, a día de hoy, el panorama previo a la convocatoria del 1 de octubre: Gobierno de la Generalitat y Mesa del Parlament procesados con petición fiscal de cárcel e incautación de bienes; casi un millar de alcaldes y otros altos cargos apercibidos de que les aguarda el mismo destino; decenas de miles de ciudadanos —voluntarios para el referéndum— en el punto de mira; empresas registradas por la Guardia Civil; medios de comunicación públicos y privados puestos bajo presión censora (no puede propagarse el referéndum) y algunas redacciones ya registradas policialmente... ¿Cuál es la diferencia entre esto y el estado de excepción? ¿Tiene ya Rajoy dispuestos los recintos donde encerrar a miles de catalanes insumisos? En 1934 hubo que habilitar los viejos trasatlánticos Uruguay y Ciudad de Cádiz, y el Manuel Arnús en Tarragona. ¿Y ahora?

La represión de octubre de 1934 fue un bumerán contra la derecha. ¿Hay alguien tan cerril para creer que la misma fórmula va a resolver algo en 2017?

Joan B. Culla i Clarà es historiador