Navajas, la lucha de 745 vecinos para superar la bancarrota
Llegó a ser el segundo pueblo más endeudado de España. Un taller retuvo su coche policial por impagos
Hace dos años, en julio de 2015, cada uno de los 745 habitantes empadronados en Navajas (Castellón), debía 6.910 euros. Esta pequeña localidad del Alto Palancia ocupaba el segundo puesto en el ranking de los pueblos más endeudados de España. Hoy, según un informe del Ministerio de Hacienda del pasado julio, ha ganado un margen de tres escalones —está el quinto, con una deuda por persona de 6.746 euros—, pero la situación financiera del municipio sigue condicionando el presente y el futuro de sus pobladores. Al año debe abonar a los bancos “499.000 euros” por la deuda que arrastra, “la tercera parte del dinero que pagan los navajeros con sus impuestos”, recuerda la alcaldesa, Patricia Plantado, de Alternativa por Navajas.
Luchar contra este abismo financiero y combatir la “degradación que sufre nuestro pueblo en lo económico, social y cultural” —recogen los estatutos de Alternativa— fue el objetivo que llevó a este movimiento asambleario vecinal a presentarse a las elecciones, desbancando al Partido Popular tras cinco legislaturas consecutivas en el poder. Patricia Plantado, maestra de 35 años, lidera desde la primavera de 2015 el equipo de gobierno de Navajas, junto a los concejales Francisco Rosalén —autónomo de 42 años— y María Domínguez, economista de 35. Desde hace escasos meses, el edil socialista Rafa Giménez tiene delegadas también varias concejalías.
“Estábamos cansados de ver los desprecios y las pocas explicaciones en los plenos, y queríamos demostrar que se pueden cambiar las cosas y que se debe gestionar de otra manera”, apunta a EL PAÍS la alcaldesa. “Hemos hecho como en una casa: tienes una crisis y te aprietas al máximo. Ahora estamos al día en el pago a proveedores y hemos entregado todas las cuentas municipales, como marca la ley, por lo que hemos desbloqueado el dinero que retenía el Ministerio al no hacerse este trámite, y así nos va entrando liquidez”, sostiene Plantado.
Al recorte de gastos se une el ingenio y la implicación vecinal, con la creación de patrullas de limpieza o para ejecutar mejoras como el pintado de la fachada de la escuela. Según la liquidación presupuestaria de 2016, el primer ejercicio gobernado íntegramente por Alternativa desvela un superávit “de casi 188.000 euros”. “El problema es que llevamos arrastrado un remanente de tesorería de casi 388.000 euros, y que no dejamos de pagar, entre otras cosas denuncias de empresas y vecinos, sobre todo a nivel urbanístico”, lamenta.
Esa delicada situación financiera está también detrás del último rifirrafe desatado entre gobierno local y oposición. Hace poco la Fiscalía Provincial de Castellón ha admitido a trámite una denuncia del PP de Navajas contra su alcaldesa por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa por omisión, así como por la no ejecución de 16 acuerdos plenarios, “algunos de hace dos años”, indican los populares.
Acuerdos pendientes como la aplicación de la ordenanza de policía y buen gobierno, el vallado de solares, la reposición de bandas reductoras de velocidad, la adjudicación del servicio bar-cafetería del centro de mayores o el reasfaltado de calles, aprobados en 2015.
“Me indigna mucho que (el PP) haya denunciado este hecho después de la herencia recibida por su partido y conociendo la situación del Ayuntamiento”, explica Plantado. “Ojalá este PP hubiera actuado como exige ahora. Nos ha llevado a la ruina. Lo que hemos hecho ha sido priorizar, porque es más importante pagar la luz que comprar unas bandas. Lo que falte, por supuesto, lo ejecutaremos, pero este incumplimiento viene por la presión fiscal que arrastra Navajas”, incide. Para la edil, la querella es “infundada”: el pleno “no tiene competencias para decidir si hay que vallar solares o reponer bandas reductoras de velocidad, mociones que en su día se aprobaron pero que al ser competencia de alcaldía, es esta quien, en función de la disponibilidad presupuestaria o técnica, decide cuándo poner en marcha”.
Coche policial retenido
Y la disponibilidad presupuestaria limita. El cúmulo de deuda del Consistorio de Navajas con bancos —de seis millones de euros en 2015— y con proveedores se plasma en un ejemplo que rescata la alcaldesa al poco de su aterrizaje en el consistorio. “Fuimos a un taller de un pueblo cercano a arreglar un coche de la Policía Local —Navajas ha llegado a tener cinco agentes, cuando en localidades de su tamaño había un alguacil o un municipal— y se lo quedaron los mecánicos diciendo que hasta que no pagáramos lo que se debía no nos lo devolvían”.
La lista de “despropósitos” en las cuentas municipales sigue: “cuando entramos hace dos años no había contabilidad siquiera, a los proveedores no se les pagaba desde antes de 2014 y a la deuda con ellos y la financiera hay que sumar un auténtico desborde de juicios pendientes por denuncias de vecinos o de los propios proveedores. Eso implica un trabajo económico y administrativo brutal”, que se enreda todavía más si se tiene en cuenta que desde hace un año no hay secretario municipal. El mismo que fue denunciado por el propio equipo de gobierno ante la fiscalía por prácticas irregulares en el consistorio desde 2013 hasta su cese, el 29 de septiembre de 2016. A la espera de reactivar la bolsa que cubra la plaza —salió a concurso pero quedó vacante— la secretaría municipal la asume el administrativo más antiguo del ayuntamiento “que, como es lógico, no tiene los conocimientos de un interventor”.
Convencida de que Navajas, aun con la losa financiera, debe seguir remando en la dirección iniciada hace dos años, la voz de la alcaldesa rezuma “indignación” e “incomprensión” por la querella lanzada contra ella y que le cae como un jarro de agua fría. La denuncia no ha hecho sino sacudir los cimientos de este Ayuntamiento, acostumbrado a los sobresaltos —al toque del Síndic de Comptes en 2013 se une la investigación al exalcalde popular José Vicente Torres por falsear presuntamente la contabilidad local para obtener subvenciones o la más reciente del Tribunal de Cuentas por el posible descubierto en los fondos públicos del Ayuntamiento por las irregularidades al justificar dietas y kilometraje en 2011— pero que ansía recobrar la calma.
