Lo que cuesta desmontar las mentiras

Cuando la mentira o la tergiversación de los hechos domina el discurso público se genera una suerte de irrealidad, una construcción artificiosa que hace muy difícil discernir lo que ocurre realmente. Solo quienes tienen mucha información y mucho tiempo acaban descubriendo las falacias, pero para cuando logran desenmarañar una madeja, ya están envueltos en la siguiente. Hace unos días asistimos en el Congreso de los Diputados al último ejemplo de esta dinámica que el PP domina con gran maestría. Rajoy tuvo que comparecer ante la cámara, forzado por la oposición, para responder sobre la trama Gürtel y los muchos casos de corrupción que afectan a su partido, pero ni una sola vez se refirió a ellos. Toda su estrategia se centró en tratar de presentarse como una víctima de una suerte de persecución inquisitorial, como si no fuera normal que la oposición pida explicaciones por unos hechos que en otros países hubieran hecho caer al Gobierno hace tiempo.

Para que la estrategia de la mentira triunfe en política necesita grandes dosis de cinismo y una gran capacidad de simulación. Ambos están profusamente presentes en la vida pública española. La forma en que la ministra Fátima Báñez distorsiona los datos económicos y de empleo es un excelente ejemplo, que suele remachar con mentiras flagrantes como esta que colgó en Twitter: “Debemos estar orgullosos de nuestra recuperación, que se hace sin dejar a nadie atrás”. Mentir y simular con el desparpajo con el que lo hacen algunos políticos españoles supone un gran desprecio por la ciudadanía, que solo interesa en tanto que cuerpo electoral al que es preciso moldear y seducir para alcanzar el poder.

Pensar que se puede recurrir a la mentira sin coste político resulta contraintuitivo. Pero el PP está demostrando que puede conseguirlo. La clave está en ls efectos que la propia dinámica de la distorsión genera. PP sabe que cuenta con unos resortes de identificación basados en vínculos ideológicos que le proporcionan un suelo electoral suficiente para instalarse en el cinismo político sin que le ocurra nada. Haga lo que haga, ese suelo le votará porque es el que mejor representa una determinada cosmovisión conservadora que en España se nutre además de una tradición cultural muy tolerante con la mentira. En otras culturas los políticos se ven obligados a dimitir cuando son cazados en una mentira. Faltar a la verdad se considera peor incluso que el hecho vergonzoso que se trata de ocultar, pues se considera que el político que miente no es confiable y su presencia crea inseguridad y desorden.

La tolerancia con la mentira y la simulación crece aquí de forma alarmante, lo cual genera una gran inseguridad. Cuesta mucho desmontar las mentiras. Incluso ahora que la revolución de Internet permite desenmascararlas rápidamente en las redes sociales, resulta sorprendente hasta qué punto las “verdades alternativas” del discurso mentiroso perviven, se afianzan y logran sus objetivos. La dificultad para discernir qué ocurre realmente favorece los intereses de los que mienten y distorsionan. Ante el esfuerzo que requiere tratar de averiguar la verdad, resulta más cómodo y más gratificante la credulidad que el escrutinio crítico. Creer en los tuyos, digan lo que digan, y desconfiar del adversario. En un contexto de fuerte confrontación política, los partidarios se convierten en propagandistas, lo que refuerza la tendencia a la polarización en torno a versiones contradictorias de la realidad.

Lo hemos visto con el escándalo suscitado por la alerta de los servicios de inteligencia norteamericanos sobre un posible atentado en La Rambla de Barcelona. En realidad, hemos asistido a la magnificación, con fines políticos, de un aviso que era irrelevante en mayo y lo sigue siendo ahora, pero era susceptible de ser utilizado como combustible altamente inflamable en el conflicto catalán. Después de mucho desenmarañar, lo que queda claro es que se recibió una alerta en mayo, pero tan vaga, inconsistente que fue desestimada tanto por los Mossos d’Esquadra como por el resto de fuerzas de seguridad españolas, que también la recibieron. Si el atentado de La Rambla fue una acción improvisada de los terroristas después de que la explosión de Alcanar desbaratara sus planes, no cabía relacionarlo con la alerta, pero se ha hecho. Y si el aviso fue dirigido, como era lógico, a todas las fuerzas de seguridad españolas, tampoco tenía sentido focalizar el supuesto escándalo en la policía autonómica, pero se ha hecho. La reacción de los Mossos tampoco ha sido ejemplar. Sus insólitos desmentidos solo han contribuido a generar más confusión. Perdidos en una maraña de datos y versiones contradictorias, a los ciudadanos les resulta muy difícil sacar el agua clara.