Volver a La Rambla

Todo atentado terrorista consumado es un éxito de quienes lo perpetran y un fracaso de quienes se ocupaban de evitarlo. Está por lo tanto fuera de lugar, es inútil, estéril, e incluso estúpida, la autocomplacencia de quienes se engañan a sí mismos pensando que su policía ha acertado más o menos que la de al lado cuando ha habido un desastre que ha costado tantas víctimas inocentes. En estas tareas, la jerarquización ha sido siempre clara, por mucho que alguien intentara esconder el bulto: tiene más responsabilidad policial quien tiene más responsabilidad política, pero el fracaso es siempre, siempre, de todos los implicados.

Los sangrientos atentados del 17 de agosto en Cataluña han sido sin embargo grosera e impúdicamente utilizados por los medios afines al Gobierno de Mariano Rajoy para atacar al movimiento independentista y, luego, por los propios independentistas para sacudirse la cuota de responsabilidad del Gobierno de Carles Puigdemont en el fracaso común y para presentar como un éxito un desenlace que no tiene nada de brillante. Por lo que se ha visto, y sigue viéndose, era ilusorio pensar que los dos bandos inmersos en la crisis constitucional catalana podrían escapar a la lógica de la confrontación que les arrastra desde 2010. Lo de esta semana ha sido un juego de la peor estofa política, que a fin de cuentas solo muestra la baja calidad moral de quienes utilizan los cuerpos aún calientes de las víctimas para cargarlos como culpa de sus rivales.

Sería necio esperar rendimientos políticos o electorales de estos esfuerzos, a los que tanta atención mediática se ha dedicado estos días. El toma y daca de unos contra otros en un asunto tan doloroso provoca repugnancia más que otra cosa. Pero desde luego hay quien cree que se puede sacar tajada del terrorismo, por trágicas que sean las circunstancias.

Lo que ahora hemos vivido recuerda en buena medida la operación deslegitimadora que una parte de la derecha lanzó contra el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero durante la investigación de los atentados del 11-M. La teoría de la conspiración que defendían ciertos medios era pura zafiedad, como se denunció desde el primer momento pero que solo muy a la larga se pudo zanjar. Ahora, en la operación contra el independentismo, sus promotores han encontrado el terreno abonado por años de campañas culpabilizadoras contra el nacionalismo catalán. Esta es la política diseñada por el PP en 2005 contra el Estatuto de Cataluña y esta es la que desde entonces aplica sin apartarse ni un milímetro del guion. Pero lo mismo vale también para explicar el comportamiento de la coalición independentista gobernante en la Generalitat. Aquí se ha vivido otro episodio de una ya muy antigua retórica: los fracasos son culpa de Madrid, los éxitos, mérito nuestro.

De los años de la ETA más activa aprendió la sociedad española, y la catalana también, que los terroristas atacan cuando pueden, donde pueden y como pueden. Persiguen sus objetivos, sean cuales sean las cuitas de la sociedad a la que golpean, que les importa un rábano, y a la que solo desean infligir el máximo dolor que puedan. La respuesta ha sido siempre que la vida debe seguir, que ha de recuperarse la normalidad. Y que no hay que ceder al chantaje del miedo. La ciudadanía barcelonesa demostró el sábado que así lo entiende. Como lo entendió tras los atentados de ETA en Vic y en el Hipercor de la Avenida Meridiana; en su reacción a los atentados de Atocha o tras el asesinato de Ernest Lluch. Barcelona sabe mucho de bombas y bombardeos, desde el siglo XIX, para no remontarnos más atrás, es la ciudad de las bombas. Por eso no es una sorpresa que sepa responder y lo haga siempre igual: volviendo a su vida. Que es tanto como decir, ahora y casi siempre, a La Rambla.

Puede que el atentado haya provocado algún cambio en el cronograma del Gobierno de Puigdemont para la jornada del 1 de octubre, sea lo que sea lo que ese día acontezca. La presentación, ayer, del proyecto de ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república catalana, que pretende romper con la legalidad española, es también, desgraciadamente, el retorno a la normalidad, por extraña y excepcional que sea.