Taboada se desvincula de lo ocurrido en épocas anteriores en Arpegio

"No se ha pedido a nadie que se oculte nada. Lo que se haya hecho en los 10 años anteriores lo desconozco", zanjó ayer Taboada ante los parlamentarios de la comisión de investigación de la corrupción política de la Asamblea de Madrid. El consejero, número tres del Gobierno de Cristina Cifuentes, compareció a petición del PSOE y de Ciudadanos, socio de investidura del PP, para informar sobre la desaparición de la documentación original correspondiente a cinco contratos firmado entre Arpegio —sociedad que gestiona el suelo de la Comunidad de Madrid— y la empresa DUSA en 2006.

Antes de ser llamado por Cristina Cifuentes para liderar la consejería de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio, Taboada fue director general de Cooperación Local durante 12 años. Desde ese cargo controlaba el plan regional de inversiones (Prisma) y, además, formó parte como vocal de las mesas de contratación que decidían los convenios que se suscribían entre Arpegio y los Ayuntamientos. Taboada admitió ayer su pertenencia a ese órgano, pero aclaró que no asistía nunca a ellas por no tener tiempo.

De la Mesa de Contratación de la que no formó parte, porque no era miembro de ella, fue la que resolvió la licitación a favor de DUSA en 2006 para que gestionara el plan Prisma 2006-2007. Un hecho que, en su opinión, certifica que no puede saber nada de la desaparición de la documentación original de dicho expediente, del que quedan copias.

En marzo de 2006, DUSA resultó adjudicataria de un contrato de 5,3 millones de euros para gestionar los contratos del Plan Prisma de inversiones del Gobierno regional a través de los cuales se gestionaron cerca de 1.000 millones de euros. Este contrato fue posteriormente prorrogado en cinco ocasiones. La mercantil se hizo también con otras dos adjudicaciones que elevaron a 9,8 millones de euros lo que recibió de Arpegio en la etapa del consejero Francisco Granados.

A pesar de ser el presidente de Arpegio desde hace dos años, nadie le informó del registro de 12 horas que llevó a cabo la UCO en mayo en la sede de la empresa pública, aseguró. A la que, además, solo ha acudido en estos dos años para una visita que duró unos minutos. Sus contactos con los trabajadores se han limitado a conversaciones mantenidas con la consejera delegada, Susana Magro, que también acudió ayer a declarar en la misma comisión. Los miembros del comité de Arpegio también se reunieron con él, le recordó la diputada del PSOE Encarnación Moya. Taboada explicó su falta de contacto con la sociedad que preside en este tiempo debido a que no quiere que “nadie pueda pensar que intento saber algo de los documentos que está investigando el juez, ni que me acusen de presionar a los trabajadores”, aclaró. A tal punto llega su desapego intencionado que Taboada “ni siquiera” ha visto “la relación literal de los documentos que se han enviado al juez”. Es más, añadió, se enteró de la desaparición de los documentos por los medios de comunicación.

Pero fue la propia Arpegio quien remitió al juez un escrito en el que reconocía que “varias carpetas” que contenían los originales de contratos bajo sospecha estaban vacías. El documento fue enviado por el secretario general de Nuevo Arpegio, Francisco Esquivias, imputado en la causa, y que también compareció ayer en la comisión parlamentaria.

En su declaración reveló que existen un total de 12 contratos perdidos (en los que están incluidos los cinco de DUSA) y del convenio suscrito entre Arpegio y el Gobierno regional para desarrollar el plan Prisma. Entre ellos, dos con la empresa Over Marketing, investigada en la rama balear de la Gürtel por supuesta contratación irregular. El resto se refiere a convenios firmados con consorcios en los municipios de Los Molinos y de Getafe, junto a un contrato para desarrollar un plan de acción y comunicación.

La directora general de la empresa, Susana Magro, a la que también se llamó ayer a la comisión, negó este extremo y aseguró que esos contratos se encontraban en poder de la UCO. Esquivias restó importancia al hecho de que no existan los originales, porque todos los documentos se encuentran digitalizados y cree que la posibilidad de que alguien se los haya llevado “con intención de obtener un rendimiento es baladí”.

Rencillas del pasado

Esquivias mantuvo la hipótesis de que la documentación desaparecida se encuentra en poder de la UCO, que todavía no los ha localizado debido a la cantidad de documentación requisada en Arpegio. En total se han enviado 9.300 carpetas, según indicó ayer Taboada. “Tienen cajas sin abrir, centenares de documentos en naves industriales”, aseguró. Taboada repitió a lo largo de su comparecencia que no le consta “como consejero y presidente haber perdido ningún documento” y que nunca ha dejado de entregar “nada a la justicia”.

El consejero aseguró que sospecha que la razón por la que su nombre aparece continuamente vinculado a los problemas judiciales de Arpegio pueden ser “rencillas del pasado o temas políticos”. “¡Vaya usted a saber!”, contestó a los parlamentarios. “Es curioso que cuando voy de número tres en la lista del Gobierno regional ha habido una avalancha de problemas de cuestiones que sucedieron hace 10 o 15 años”, reiteró Taboada.

Es la segunda vez que el número tres de la presidenta regional Cristina Cifuentes comparece ante esta comisión. En la anterior ocasión, se le preguntó también sobre la gestión del plan regional de inversiones Prisma 2006-2007.