La oposición afea la falta de la memoria económica en la aprobación de la renta garantizada

Un hemiciclo medio vacío hasta la votación y con solo la presencia de un miembro del Gobierno en todo el debate -la consejera de Trabajo y Asuntos Sociales Dolors Bassa- ha aprobado esta tarde la renta garantizada de ciudadanía, la nueva prestación de 564 euros que recibirán las familias más pobres de Cataluña y que no dependerá de restricciones presupuestarias. Todos los grupos han votado a favor del texto si bien la oposición, especialmente el PSC y Catalunya Si Que Es Pot (CSQP), han afeado que la Generalitat no haya presentado la memoria económica que explica cómo se puede pagar y su sostenibilidad en el futuro. La renta, de entrada, tendrá unos 36.000 titulares.

La tramitación ha tardado más de tres años, tras decaer en la pasada legislatura y ha necesitado de 31 reuniones de ponencia. La renta nace de una Iniciativa de Legislación Popular (ILP) que recogió más de 120.000 firmas. Diosdado Toledano, portavoz de la comisión promotora, ha expresado su alegría por la aprobación de la ayuda, si bien ha pedido que se cambie la ley que reglamenta las ILP para evitar que se dilate su debate en el tiempo. “Ha sido un debate complejo, hemos logrado un mínimo común denominador”, ha añadido Chakir El Homrani, diputado de Junts pel Sí.

La ayuda comenzará a otorgarse en el próximo 15 de septiembre y aún está pendiente que se elabore el reglamento que desarrolle varios aspectos de la ley. Por ejemplo, las condiciones extraordinarias en las cuales se podría dar acceso a las familias que no cumplan las condiciones establecidas pero que puedan necesitar la ayuda. La consejera Bassa ha asegurado que ya se está trabajando en el reglamento y que, ya que la ley está aprobada, se comenzará a formar a los empleados del Servicio de Ocupación de Cataluña para recibir y tramitar los expedientes.

La consejera recordó que la prestación de entrada cuenta con los 270 millones de euros que están en los Presupuestos de la Generalitat. Se trata de 70 millones más que el año pasado. La oposición sin embargo reclamó conocer la memoria económica de la ley. "Una buena norma sin una buena aplicación puede ser terrible", aseguró el diputado del PSC Raúl Moreno. Los socialistas presentaron ayer un recurso de amparo a la mesa del Parlament para poder conocer la documentación. La petición de la oposición tiene sentido, pues el Govern dilató la aprobación alegando el alto coste del despliegue de la ayuda en un marco de estrechez económica.

Todas las fuerzas políticas se mostraron satisfechas de poder llegar a un acuerdo para poner en marcha a la ayuda. "Hay dudas técnicas", ha alertado la diputada de CSQP Marta Ribas, que ha pedido la actualización del Índice de Suficiencia de Renta de Cataluña (IRSC), el baremo de ingresos sobre el cual se concede la renta y que no se actualiza desde hace siete años. A pesar de las dudas de Junts pel Sí, la ayuda salió adelante con una fórmula de compatibilidad con otras rentas del trabajo para intentar ayudar a los llamados trabajadores pobres.

El Govern finalmente tuvo que aceptar el silencio administrativo negativo y no logró aumentar el tiempo de tramitación de los expedientes hasta los ocho meses. Desde Ciudadanos, el principal partido de la oposición, la diputada Noemí de la Calle ha insistido en que "dará la matraca" hasta que la compatibilidad con otras rentas del trabajo se extienda a otros colectivos más allá de las familias monoparentales.