El TSJC tumba el impuesto de Colau que grava las viviendas vacías
La sentencia considera que es la Generalitat la que tiene las competencias exclusivas en materia de vivienda
Revés judicial a la tasa creada por el Gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que grava las viviendas vacías de grandes tenedores. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado la tasa que fue recurrida por la Asociación Española de Banca (AEB) con el argumento de que el Consistorio no tiene competencias. El portavoz del Ejecutivo municipal, Gerardo Pisarello, anunció que recurrirán la sentencia, porque entienden que la Carta Municipal se las otorga. En cualquier caso, emplazó a la Generalitat a implantarla y arremetió contra la patronal de la banca.
El Ayuntamiento de Barcelona aprobó la tasa después del verano, en el pleno el pasado 30 de septiembre, con los votos de ERC y gracias a la abstención del PDeCAT y la CUP. Ciutadans y el PP votaron en contra. La tasa está fijada en 633 euros para dueños de pisos vacíos durante más de dos años y pretendía costear la inspección y tramitación de expedientes y sanciones, algo que hasta el momento asumía el Consistorio.
La tasa a turistas de día se cobrará a los touroperadores
La comisión de Economía del Ayuntamiento avanzó ayer en la idea que tiene el Gobierno de Barcelona de implantar una tasa a los turistas que visitan la ciudad y presionan los puntos más concurridos pero duermen fuera. Son unos diez millones de personas al año. Una tasa que no es sencilla de implantar —porque no se pueden poner puertas con tornos en las entradas de la ciudad— y que finalmente se recaudará a través de los touroperadores que organizan excursiones de día y llegan en autocar.
Todos los grupos salvo Ciutadans y el PP apoyaron una proposición del PDeCAT que insta al Gobierno a “implantar una nueva tasa municipal a operadores turísticos por la modalidad de ‘visitante de día’”.
El concejal de Turismo, Agustí Colom, celebró ayer el consenso en la necesidad de regular el turismo y “favorecer flujos sostenibles” y explicó que el Gobierno trabajará ahora para crear una tasa que tenga “solidez jurídica”.
La anulación supone un revés para el Gobierno municipal, para el que las medidas para evitar los problemas de acceso a la vivienda son una prioridad. Hace un año, al presentar la tasa, el teniente de alcalde de Economía y Hacienda y portavoz del Ejecutivo, Gerardo Pisarello, sacó pecho y advirtió a los grandes tenedores: “El mensaje que queremos lanzar es claro: a quien tenga un piso vacío le costará caro”. Y explicó que la tasa no tiene finalidades recaudatorias, sino “disuadir la existencia de pisos vacíos en Barcelona”.
Ayer, Pisarello respondió a la sentencia señalando que esta dicta que “la tasa es legal, técnicamente está bien hecha, pero afirma que el Ayuntamiento no tiene competencias para cobrarla”. El responsable de la cartera de Economía anunció que el Consistorio presentará un recurso contra el Tribunal Supremo porque el Gobierno local está convencido de que la Carta Municipal les ortorga suficientes competencias para hacerlo. En cualquier caso, precisó que si la sentencia dice que otras Administraciones sí tienen competencias para implantar la tasa, “la Generalitat no hace lo que debe”.
El número dos de Colau también arremetió contra la patronal bancaria: “Tras esta sentencia hay la Asociación Española de la Banca y nos parece indecente que estén batallando por una tasa de 633 euros por cada piso vacío, cuando el sector ha recibido en estos años más de 60.000 millones de euros que han salido de los bolsillos de la ciudadanía”. “No dejaremos de señalar que en una situación de emergencia habitacional, tener pisos vacíos es una anomalía inaceptable”, afirmó, y aseguró que, en casos de especulación con la vivienda, el Ayuntamiento estará al lado de los ciudadanos.
En la sentencia, el juez argumenta que esta tasa municipal no se ha estimado “conforme al principio constitucional de reserva de ley tributaria en relación con el principio de competencia local”. Todo ello “dadas las ausencias de habilitación legal suficiente conforme de las normas tributarias estatales reguladores de las haciendas locales y la atribución de las competencias exclusivas en materia de vivienda de la administración de la Generalitat” en el Estatut de 2006 y en la Ley autonómica 18/2007 del Derecho a la Vivienda.
“Todo ello”, advierte, “ sin perjuicio de las posibles medidas fiscales o incentivadoras de la ocupación de viviendas vacías o penalizadoras de la desocupación permanente e injustificada por más de dos años, siempre conforme a las competencias legalmente establecidas con el impuesto sobre viviendas vacías”, aprobado por el Parlament y de “plena vigencia”.
Una decena de casos
Desde diciembre pasado, el Ayuntamiento ha inspeccionado un millar de pisos para comprobar si están vacíos. Hasta ahora, había abierto 21 expedientes e impuesto la tasa en una decena de ocasiones. “Tenemos que ver cómo queda ahora”, afirmó ayer Pisarello. “Lo que no haremos es apartarnos de la política de vivienda del Ayuntamiento, que considera que tener viviendas vacías de manera injustificada en un contexto de emergencia es inaceptable, y no permitiremos que pase, lo diga la banca o quien sea”, dijo. “Si somos firmes en la aplicación de la ley con los pequeños tenemos que serlo con los grandes”, zanjó.
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