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SOS Racismo denuncia que la Guardia Urbana discrimina a los manteros

La entidad asegura haber analizado diversos casos y afirma que los agentes redactan "atestados falsos"

Los manteros se colocan a pie de playa
Los manteros se colocan a pie de playa

La directora de SOS Racismo Cataluña, Alba Cuevas, denunció este martes que algunos de los agentes de la Guardia Urbana de Barcelona han protagonizado intervenciones policiales “racistas” hacia los vendedores ambulantes ilegales. Cuevas aseguró que existe una situación de “abuso y vulneración de derechos” y exigió al Consistorio de Ada Colau políticas públicas para corregir estas supuestas actuaciones. “Requerimos que revisen la marca de ciudad que quieren proyectar al mundo y entiendan que priorizar el turismo de masas y no aceptar la imagen de negros vendiendo con mantas en el Paseo de Gràcia es una decisión hipócrita y racista”, ha mantenido Cuevas. La directora de la entidad ha realizado estas afirmaciones en la presentación del informe Venta ambulante y vulneración de derechos.

Cuevas ha asegurado que se han reunido en ocasiones con responsables de la Guardia Urbana para exigir “el cese de las actuaciones abusivas, que los políticos investiguen y expulsen a los agentes que realicen estas intervenciones. No queremos dentro de la Urbana a policías con conductas racistas”. Cuevas admite que desde el Consistorio hay voluntad y predisposición pero “no entienden que existe un modelo policial donde los agentes se encubren unos con otros lo que dificulta que salgan a la luz abusos y vulneraciones de derechos. Hay una voluntad de formarlos en derechos , pero no es suficiente”.

Durante la presentación del documento, la coordinadora del servicio de atención y denuncia de SOS Racismo, Alicia Rodríguez, ha asegurado haber estudiado 44 actuaciones supuestamente racistas cometidas por los agentes del cuerpo municipal contra los manteros entre 2010 y 2016. Rodríguez ha destacado el caso de un vendedor ambulante al que, para preservar su identidad, han bautizado con el sobrenombre de Manel. El mantero anónimo, en agosto de 2015, fue acusado de agresión y atentado a la autoridad. Posteriormente se le ha acusado de vender productos falsificados y se abrió otro procedimiento contra el por atentado a la autoridad. En algunos de los casos ha sido condenado y en otros ha conseguido la absolución. Rodríguez mantiene que “los agentes imputan a Manel delitos de forma intencionada” y denuncia que las detenciones no se realizan en el momento de los hechos sino horas “o incluso semanas más tarde”, se les identifica mediante fotografía y se redactan “atestados falsos”. Pese a las críticas, la coordinadora del servicio de denuncias asegura que la entidad es extremadamente rigurosa a la hora de seleccionar los casos.

La letrada de la entidad, Lorena Antón, critica que continuamente los juzgados de instrucción “no dan credibilidad a la versión del vendedor ambulante y, en cambio, sí dan veracidad a la versión policial”. Antón critica que a los ambulantes se les notifique semanas más tarde la comisión de un supuesto hecho delictivo. Eso obliga a que tengan que hacer un ejercicio de memoria para recordar que hicieron el día de los hechos y para “aportar testigos que en muchas ocasiones son compañeros que tienen miedo a declarar”.

Para finalizar, Alba Cuevas ha informado de que han mantenido reuniones con el comisionado de Seguridad, Amadeu Recasens, que les ha explicado que la prioridad de la Guardia Urbana es la de detectar las redes criminales de venta ambulante y no los manteros de forma individual.

A los vendedores se les suele acusar de delito contra la propiedad industrial, atentado contra los agentes de la autoridad y lesiones a tercero y el Ministerio Fiscal suele solicitar para ellos penas de cárcel. Cuevas ha concluido su exposición asegurando que el 90% de las acciones racistas no se denuncian. “Además, el racismo existe en la sociedad y la Guardia Urbana es un reflejo de la misma”, ha finalizado.

El Ayuntamiento de Barcelona se ha reunido en varias ocasiones con SOS Racismo y la Guardia Urbana, bajo el mandato de Colau, ha puesto en marcha la Unidad de Deontología y Asuntos Internos (UDAI) para perseguir y castigar, entre otros, este tipo de comportamientos. Tras la denuncia de la entidad, el Consistorio ha declinado hacer cualquier tipo de declaraciones.