El dueño de la Illa Robador

La prostitución y la droga permanecen en el último reducto de lo que fue el barrio Chino barcelonés: la calle d’en Robador. Una vía con la capacidad de transformarse en un verdadero quebradero de cabeza del Gobierno municipal de turno.

El Consistorio de Ada Colau ha formalizado la expropiación de uno de los edificios de la calle: el número 33. Al propietario se le acusó de incumplir de forma reiterada su deber de conservar y rehabilitar el inmueble. Según la administración municipal, la finca se había convertido en un riesgo para la integridad de los propios inquilinos. Es el primer caso en que se expropia una finca porque el propietario incumple con la función social de la vivienda. Ahora, el 33 es propiedad del Consistorio. El pasado mayo se aprobó una partida presupuestaria que permitirá rehabilitar el edificio y convertir sus pisos en viviendas de alquiler social.

El que considera haberse llevado la peor parte en este litigio es Miquel Vila, el antiguo propietario del número 33: “El Ayuntamiento se ha enamorado de mi finca, un edificio con 28 pisos que han adquirido por sólo 900.000 euros, un tercio de su valor. No me han dado la posibilidad de negarme a la operación y no me ha quedado otra opción que demandar al Consistorio”.

BComú ha ampliado el derecho de tanteo y retracto a 47 fincas de la zona. Ahora, el Ayuntamiento es propietario de los números 3, 17, 25, 27, 35-37,43 de la calle d’en Robador. La mayoría de ellos están pendientes de rehabilitación. Además, también es dueño de cinco pisos y un local del número 21, un piso en el 45 y otro en el 14. También son de titularidad municipal el 1, 6, 11, 11b y 21 de la calle de Sant Ramon, y de un piso del número 27 y otro en el 10 de la calle d’Espalter.

La concejal de Ciutat Vella, Gala Pin, admite que el principal problema de la Illa Robador es “el mal estado del parque de viviendas junto con las actividades que se puedan llevar a cabo en su interior y el consiguiente efecto que tienen estos usos en el espacio público”. Pin critica que el anterior Gobierno municipal apostó por sustituir los vecinos de la calle por otros y aplicar la “vía sancionadora” para expulsar a la prostitución. “Nosotros queremos mejorar la zona para los que viven allí”, sostiene.

La administración municipal ha intervenido en un parque de pisos muy “deteriorado” para reformarlos, “ampliar la oferta pública en la ciudad y garantizar que el uso de los pisos sea como vivienda habitual”. Paralelamente a la reforma de los pisos, el Consistorio pretende trabajar el espacio público con una herramienta: la mediación. Pin sostiene que las políticas de persecución y sanción contra las trabajadoras sexuales no han funcionado. Según afirma, en la Illa Robadors el Consistorio debe garantizar que las condiciones en las que se vive sean las adecuadas.

“Tenemos que trabajar para que las viviendas estén en buen estado de conservación, hemos de evitar actividades ilegales como puede ser el uso de viviendas para tráfico de drogas o para uso turístico sin licencia. Y, sobre todo, tenemos que ser conscientes que mejorar la situación de la zona no se consigue sustituyendo a la población que vive allí sino trabajando para que todo el que vive allí pueda hacerlo con el máximo de calidad de vida posible”, concluye.