No hay derecho público

Este verano y en Cataluña no hay derecho público: todo es derecho político.

Me explico. El derecho público —el administrativo, el fiscal— configura las instituciones y regula las relaciones de la gente y de las empresas con los poderes públicos. Idealmente, el derecho público es lento, sordo y no ve bien: gestionado por funcionarios vitalicios cuyos sueldos no dependen de su desempeño, nos trata a todos por igual, muchas veces de forma fría e ineficiente y, algunas, hasta feroz. Pero por igual, a todos del mismo modo y manera. Aquí no mandan ni el dinero ni, en particular, el color político, las ideologías de usted y yo. Póngase en la cola, que ya le atenderemos, a usted, igual que al que tiene delante o detrás. La neutralidad del buen funcionario es la grandeza del derecho público.

El derecho político, en cambio, es esencialmente distinto, pues distingue en el acto entre amigos y enemigos, entre afectos y desafectos, entre nosotros y ellos. Y si las reglas de derecho no lo hacen, pues no filtran así a unos de los otros, el político se pone en la puerta de la casa del derecho público y decide cuándo lo aplica, cuándo no y siempre a favor de los afectos, de los amigos, de los nuestros: toda regla puede ser, primero, aplicada o no, y luego siempre puede ser entendida en el sentido más favorable a los nuestros, en contra de los adversarios.

Les pongo un ejemplo: el poder legislativo catalán puede aprobar una disposición en cuya virtud se distinga entre el contenido político de los mensajes para denegar subvenciones a los medios de información que no quieran doblegarse a publicar los mensajes del contenido apropiado. En un país cuya Constitución ampare la libertad de expresión, el poder legislativo catalán podría subvencionar solo a los medios que publiquen en catalán, pero no podría en ningún caso negar ayudas a los que discreparan de los contenidos preferidos por el gobierno, pues la libertad de expresión se inventó para proteger a la gente del gobierno, no a este de aquella.

Otro: en el Parlament de Cataluña, surge la proposición de suspender al Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña —el equivalente catalán a lo que sería un tribunal constitucional. ¿Por qué? Ocurre que las resoluciones del Consejo no son siempre concordes con la opinión política del Parlament. Da igual que el desacuerdo surja de que el órgano que hay que suspender decida de acuerdo con el derecho público catalán, que aquí manda el derecho político, es decir, aquel que, en cada momento, los políticos deciden que conviene más. Prevalece el derecho político.

El último ejemplo es atroz: sabemos que el Parlament de Cataluña es contenido, que nunca ha tenido la fuerza que debería tener en un país de verdad. En nada estoy más de acuerdo con la reivindicación de la soberanía catalana que en este punto, que lo de aquí no es Westminster. Pero es lo que de momento tenemos y me merece un respeto grande. Que entonces el gobierno catalán y la mayoría parlamentaria resuelvan que nuestro Parlament no debata la legislación sobre la “desconexión”, que en este país el primero en tomarse a broma el Parlament sea su gobierno, da pena, da miedo, da asco. No hay derecho.

Pablo Salvador Coderch es catedrático de Derecho Civil en la Universidad Pompeu Fabra (UPF).