Los jueces culpan a la Guardia Civil de la absolución general en el ‘caso Guateque’

Una década después de que saltara el escándalo por la mayor trama de tráfico ilegal de licencias municipales para locales públicos, en el que llegaron a estar implicados más de 100 empresarios, funcionarios y altos cargos del Ayuntamiento madrileño durante la época como alcalde de Alberto Ruiz-Gallardón (PP), el caso se ha quedado en nada y todos los acusados han sido absueltos. La sentencia firmada ayer por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid —y contra la que aún cabe recurso— considera que todas las pruebas practicadas durante la instrucción son inadmisibles, ya que queda anulada la grabación que dio origen a todo lo demás, en la que un empresario aseguraba que se podía conseguir una licencia con más rapidez pagando a un funcionario municipal.

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La sentencia es casi en su totalidad una durísima reprobación a los métodos utilizados por los agentes de la Guardia Civil para conseguir esa prueba, que “no solo no supera los controles de legalidad constitucional ni los de estricta legalidad ordinaria, sino que ni siquiera existe”. Los magistrados manifiestan que no comprenden por qué durante el juicio no se aportó ninguna prueba sobre la grabación ni se llamó a declarar a ningún guardia civil para interrogarle sobre el paradero de la cinta donde se registró la conversación. “No existe tal supuesta grabación, por lo que la instrucción y el proceso entero se han construido sobre la nada más absoluta”, concluyen con dureza los magistrados en el fallo. De hecho, llegan a asegurar que los agentes “actuaron de mala fe”.

Para empezar, la sentencia pone de manifiesto las contradicciones entre la versión mantenida en el atestado de la Guardia Civil en el momento de esa grabación, hace casi 10 años, y la que recogió meses después la juez de instrucción de la Audiencia Provincial en sus investigaciones. El atestado aseguraba que había sido el testigo protegido Joaquín Hernández quien había decidido recoger la prueba voluntariamente y con sus propios medios; sin embargo, la magistrada asegura más tarde que fueron miembros de la Comandancia de Tres Cantos quienes entregaron a Hernández el aparato para registrar la conversación con el empresario Sanz Escribano (unos de los principales acusados del caso).

“Joaquín Hernández [el testigo protegido] fue un mero instrumento utilizado por agentes [...] de la Guardia Civil para conseguir grabar de forma subrepticia una determinada conversación, gracias a su condición de antiguo cliente, en el despacho profesional de Antonio Sanz Escribano”, reza la sentencia. Los agentes, añade, no solo planificaron todo, sino que “proporcionaron los instrumentos necesarios para que se pudiera llevar a efecto”.

Por eso los magistrados consideran que la grabación no cumple los requisitos fundamentales para ser válida. Por ejemplo, el que dice que solo la autoridad judicial puede autorizar al sacrificio del derecho a la intimidad de la persona grabada únicamente para investigar un delito concreto o para detener a sus responsables, si hay indicios previos. Y en este caso, aseguran, no hubo juez que diera permiso ni había denuncia previa.

En el proceso estaban acusadas 30 personas, entre ellas 19 funcionarios del Consistorio. El fiscal solicitaba para todas ellas una pena conjunta de 250 años de cárcel. Se las acusaba de cohecho, de delito continuado de falsedad en documento oficial, delitos contra el Patrimonio Histórico, de tráfico de influencias, de prevaricación ambiental y de negociaciones prohibidas a funcionarios.

La trama estaba supuestamente encabezada por Victoriano Ceballos —al que se le imputaban 14 delitos—, el exjefe del Área municipal de Impacto y Análisis Ambiental. Pero también tenían un papel importante Mario Mínguez y Fernando Ruiz, dos funcionarios del área de Disciplina Urbanística, y José Antonio Jodar, funcionario de la Concejalía de Urbanismo. Según los investigadores, el funcionario municipal Carmelo García y el intermediario Santiago Castillo —a los que se les imputaban 12 delitos— eran los encargados de captar a los empresarios que querían abrir un negocio en Madrid, y les pedían dinero a cambio de lograr el favor de determinados funcionarios del Ayuntamiento.