La fiscalía pide 10 años de cárcel para cinco ex altos cargos de Empleo
El ministerio público ve malversación en 44 contratos fantasma de la consejería andaluza
La Fiscalía de Sevilla ha solicitado 10 años de cárcel y 32 años de inhabilitación para cinco ex altos cargos de la Consejería Empleo de la Junta de Andalucía acusados de malversación de caudales públicos, falsificación de documento y prevaricación continuados. El ministerio público ve irregularidades en los pagos de 1,5 millones realizados entre 2003 y 2010 por Empleo a la empresa Umax Informática y Consultoría por la supuesta contratación de 44 personas que trabajaron como externas varios años en la consejería sin que constara su fichaje.
Todos los trabajadores pertenecían "al círculo de amigos y familiares" del ex director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, según el escrito de acusación de la fiscalía, que pide las mismas penas para los exdirectores generales Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, además de los técnicos Francisco Javier Aguado, y Lourdes Medina. En total, 50 años para parte de la anterior cúpula de Empleo. Para Ulpiano Cuadrado, administrador único de Umax, solicita dos años y medio de prisión. Los cinco deberán indemnizar "de forma conjunta y solidariamente" a la Junta de Andalucía con 2,5 millones por las cantidades indebidamente percibidas entre 2003 y 2010.
Los contratos fueron acordados verbalmente por lo que el acuerdo "es nulo", y los pagos derivados se realizaron "bien acudiendo a procedimientos negociados sin publicidad o en expedientes de contratación menor", considera el fiscal, que subraya que el número de personal contratado por Umax "no puede ser precisado con seguridad" y que todos los acusados "se pusieron de acuerdo" para facilitar estas contrataciones "a sabiendas" de que Umax no cumplía con los requisitos de la legislación administrativa.
La Junta de Andalucía solicitó el pasado noviembre 11 años de prisión y 30 de inhabilitación para Guerrero por malversación y falsedad en documento oficial y prevaricación tras los pagos realizados entre 2003 y 2010 a Umax y otras sociedades, además de una indemnización de 467.106 euros. Para su sucesor, Juan Márquez, pidió siete años de prisión y 23 años de inhabilitación, y para Ulpiano Cuadrado elevó la petición a 16 años de cárcel y 800.000 euros de multa.
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