Técnicos independientes, informes críticos

Ayer se hizo público un informe del Sindicato Estatal de Profesionales de Seguridad y Salud (SEPROSS) sobre el accidente de metro de Valencia. Son unas conclusiones preliminares antes de que se publique su informe definitivo, y en él se exponen diferentes argumentos que ponen en entredicho los criterios esgrimidos por la juez en el cierre de la instrucción.

A lo largo de 11 puntos suficientemente razonados y justificados, los profesionales del SEPROSS demuestran que FGV era conocedora del riesgo que suponen los excesos de velocidad, evidencian el porqué la trágica curva era un punto peligroso, señalan la existencia de medidas de seguridad ya instaladas que habrían evitado dichos excesos de velocidad, y establecen la importancia de los fallos humanos como desencadenantes de los accidentes. Por todos estos factores, concluye el informe, si se hubiera tenido en cuenta la normativa (vigente desde 1995) de prevención de riesgos laborables, el accidente se hubiera podido evitar mediante supervisión, control, e implantación de medidas de seguridad.

Este razonamiento cuestiona también la actuación de la Inspección de Trabajo y del INVASSAT, que desde el inicio de su investigación en 2006 han minimizado el hecho de que FGV no cumpliera la normativa. ¿Si una empresa privada no realizara la evaluación de riesgos, no realizara mediciones ni control, no implantara medidas de seguridad, si ni siquiera realizara un informe sobre un accidente en el que mueren 2 trabajadores y 41 usuarios… sería la actuación de Inspección de Trabajo y de INVASSAT tan laxa a la hora de evaluar el cumplimiento de la normativa? A mí parecer, los técnicos que pertenecen a la administración, ya sea por injerencia política o por aprendida autocensura, no suelen cuestionar la actuación de los responsables cuando éstos son la propia administración, algo que es común también en algunos representantes del sistema judicial. Y así nos va a los afectados por tragedias, luchando por obtener justicia y en medio de un círculo vicioso en el que las responsabilidades penales y políticas se justifican unas a otras.

Si les parece que estoy generalizando vean la investigación del Alvia en el que la Unión Europea ha concluido que la investigación no se realiza por organismos independientes; el caso de Spanair en el que la audiencia provincial se saltó su propia doctrina al oponerse a la petición de juicio del juez instructor, o la instrucción judicial de Madrid-Arena en el que la fiscalía, entonces encabezada por Moix, se alineaba con las defensas particulares, el caso del Yak42 en el que los únicos acusados fueron absueltos posteriormente por el gobierno estatal y cuya asunción de responsabilidades políticas llega tan tarde que no sirve absolutamente para nada (y podría seguir).

Por eso es tan valioso informes como el del SEPROSS, redactados desde la independencia. Argumentado punto por punto, y acompañado de toda la documentación en la que se basan sus afirmaciones. La misma información que ha sido analizada en la instrucción judicial y que ha sido ignorada por la juez Nieves Molina, porque ella sigue optando por culpabilizar únicamente al conductor y obviando el hecho de que la prevención de riesgos laborales es una ley de obligado cumplimiento desde 1995. Es evidente que en FGV no se cumplía esta normativa, y que como resultado de lo cual murieron 43 personas. El único auto que debería haberse producido no es el de cierre de la instrucción, sino el de la apertura de juicio.

Beatriz Garrote, portavoz de la Asociación Víctimas Metro 3 de Julio (AVM3J)