La Generalitat necesitaría más de 4.000 funcionarios para organizar el referéndum

La celebración del referéndum catalán de independencia, si se produce, requerirá de la participación activa de más de 4.000 funcionarios. Conseguir ese número de empleados públicos será un reto para la Generalitat, que, ante la previsible anulación de la consulta por parte del Tribunal Constitucional, en las principales ciudades difícilmente podrá contar con los funcionarios que suelen organizar elecciones ordinarias. Los sindicatos CC OO y UGT estudian pedir que se reúna el Consejo de la Función Pública para exigir explicaciones, pero el Govern lo rechaza.

Las últimas elecciones autonómicas han requerido el servicio de entre 4.000 y 5.500 funcionarios —sobre todo, municipales—, además de unos 7.000 mossos d’Esquadra y cerca de 2.000 policías locales. Las advertencias que ha realizado hasta ahora el Gobierno central y la presumible anulación del decreto de convocatoria del referéndum por parte del Constitucional harán aún más compleja la organización de la consulta, a lo que se sumará el hecho de que las principales ciudades catalanas están gobernadas por partidos que rechazan el referéndum (PSC en L’Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet y Tarragona) u otras que aún no han decidido si respaldarán la convocatoria (Barcelona en Comú en la capital).

Fuentes consultadas por este diario que han dirigido procesos electorales autonómicos subrayan el papel clave que juegan habitualmente los trabajadores municipales (con un especial protagonismo de los secretarios de los Ayuntamientos), encargados de gran parte de la logística de las elecciones. Actualmente solo los funcionarios del Departamento de Gobernación —que coordina la operativa municipal— y del de Justicia —organización de las juntas electorales— tienen una participación activa desde la Generalitat en unas elecciones.

El Gobierno catalán cambiará previsiblemente buena parte de esa lógica en caso de convocar el referéndum, otorgando mayor protagonismo a los funcionarios autonómicos para no depender de otras Administraciones. Un ejemplo es la adquisición de urnas, que actualmente son propiedad del Estado pero almacenadas por los municipios. Ya lo hizo parcialmente el Gobierno de Artur Mas en la consulta del 9-N de 2014, cuando todos los centros de votación se instalaron en dependencias de la Generalitat.

Todo el mundo habla de los sindicatos pero nadie habla con ellos”, se queja Fernández, de la UGT

Los sindicatos siguen a la espera de que la Generalitat explique cómo los blindará ante un posible choque de legitimidades. El Departamento de Gobernación los ha convocado el viernes próximo para una reunión de la Mesa de la Función Pública. En el orden del día no figura nada sobre la protección legal a los trabajadores públicos, pero tanto CC OO como UGT, los sindicatos mayoritarios, adelantan que intervendrán en el turno de preguntas para pedir que se concrete cómo será el blindaje. La central independentista Intersindical-CSC sí está comprometida con el plan soberanista.

Encarna Fernández, secretaria general de la Federación de empleados de Servicios Públicos de UGT, contempla solicitar que se convoque al Consejo de la Función Pública, un órgano consultivo de la Generalitat donde tienen representación el Govern y los representantes sindicales de todas las Administraciones. “Todo el mundo habla de los sindicatos pero nadie habla con ellos”, se queja. Fuentes de la Generalitat dijeron ayer que esa posible reunión del Consejo no estará en el orden del día porque el Govern ya ha dejado claro que protegerá a los funcionarios.